El pleno del Senado aprobó por unanimidad y con 94 votos a favor la Ley General de Víctimas con la que se obliga al Estado a garantizar de manera integral la asistencia y protección a las víctimas de la violencia y violaciones de los derechos humanos, así como la reparación del daño tanto material como moral.
En tribuna, las diferentes bancadas pidieron a los diputados que respalden esta reforma que es el inicio de “un camino nuevo de mayor justicia”.
Al momento de ser votado, los integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad presentes en las galerías estallaron en aplausos y hubo lágrimas en sus ojos, al grito de “¡sí se pudo, si se pudo…!” mientras que el presidente del Senado, José González dijo que se manda a la Cámara de Diputados y hoy queda honrado un compromiso de esta cámara con ese movimiento. «Muchas gracias por su acompañamiento y apoyo, felicidades a todos.
En tribuna, las bancadas del PRI, PAN, PRD, PVEM y Movimiento Ciudadano subrayaron que hay daños que no se reparan, como la pérdida de familiares o las agresiones sufridas, pero sí se pueden reparar como son el daño económico, bienes materiales perdidos o la incapacidad de sostenerse por sí mismo, por ello será importante responsabilidad subsidiaria del Estado.
“Sienta las bases para reconstruir el tejido social tan gravemente afectado por la violencia y el Estado” argumentaron los senadores Fernando Baeza, del PRI, y Tomás Torres, del PVEM, al asentar que no será suficiente si no existe voluntad política de los actores fundamentales para darle a la sociedad el reclamo de recuperar la paz y tranquilidad en el país.
El perredista Pablo Gómez reconoció que es una ley de avanzada y es un gran paso el que se emprende, por ello “pedimos a la colegisladora como prenda a la situación en la que estamos admitiendo nuestro retraso, estamos en vísperas de la terminación del periodo ordinario de sesiones”, que la discuta.
Subrayó que esta ley forma parte de la reforma a los derechos humanos que nació como aquella expresión que busca contrarrestar las tendencias hacia un Estado policiaco y, por lo tanto, reivindica los derechos humanos, “quienes estamos en este segundo extremo en favor de las libertades, damos la bienvenida a una ley de victimas que se inscribe justamente en la tendencia garantista y en favor del estado de las libertades.”
Al argumentar en tribuna el dictamen, el priista y presidente de la Comisión de Gobernación, Jesús Murillo, dijo que es una ley perfectible “pero es el principio de un camino nuevo de mayor justicia, de mayor atención y de mayor cuidado de algo que de alguna manera en alguna parte sufrimos todos en este país. Yo los invito a que hagamos historia y aprobemos esta ley”.
A su vez, el panista Fernando Elizondo desatacó que con esta ley México se pone a la altura de los tratados internacionales, pero además se reconoce a las víctimas el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral del daño, a la garantía de no repetición de los agravios, a la ayuda, atención y asistencia y derechos dentro del proceso penal.
“Se establecen además medidas de protección a la víctimas a cargo del Estado, se le da al Estado la obligación de atender a esos seres humanos que han sido dañados por la acción ilegal y para todo esto se crea el Sistema Nacional de Atención a Víctimas que será el encargado de garantizar que sus derechos sean respetados en todos los ámbitos de gobierno”, refirió.
La ley aprobada y turnada a Cámara de Diputados prevé la creación de un registro nacional de víctimas, así como un fondo permanente de ayuda, asistencia y reparación integral, cuya operación dependerá de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, misma que, a su vez, formará parte del Sistema Nacional de Víctimas en el que estarán representadas las organizaciones de la sociedad civil.
El Senado hizo cambios en este fondo, para determinar que el fideicomiso será público y no será paraestatal. Además se modificaron los artículos 16, 24, 72, 140, 146 y 47 por unanimidad.
En los considerandos de las ley de 130 cuartillas, se destaca que esta ley es una respuesta concreta a la demanda de visibilidad, dignificación y reconocimiento de derechos de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos, y el reconocimiento del Estado Mexicano de que le devienen obligaciones directas para su atención.
“El objeto de la Ley es establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas, que posibiliten el goce efectivo de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y garantías de no repetición. Contemplando, asimismo, sus derechos a ayuda, atención y asistencia”.
Se obliga a todas las autoridades a coordinar medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas.
Entre estas medidas, se propone la ayuda para atender de manera inmediata las necesidades más urgentes de las víctimas.
Se contemplan, además, medidas de asistencia y de atención, que tienen por objeto contribuir al restablecimiento del pleno ejercicio de los derechos de la víctima y brindarle las condiciones necesarias para llevar una vida digna, como acceso a instituciones de educación, programas de crédito y de subsidio especiales para educación; cobertura plena de servicios de salud incluidas hospitalización, cirugías y provisión de medicamentos; subsidios especiales en materia de salud, programas especiales de rehabilitación en salud física y mental, entre otros aspectos.
Entre las medidas de satisfacción, la Ley contempla el reconocimiento público del carácter de víctima, de su dignidad, nombre y honor, ante la comunidad y el ofensor; las disculpas públicas; los actos conmemorativos; la construcción de monumentos públicos; la búsqueda de las personas desaparecidas y la identificación de los cuerpos y restos y su inhumación respetando las tradiciones familiares y comunitarias.
