El pediatra colombiano Carlos Alexander R.L. ha
reconocido este jueves que abusó sexualmente de seis niños de entre cuatro y 13
años mientras ejercía como facultativo del Servicio Andaluz de Salud en la
provincia de Almería, y ha aceptado penas que suman 26 años y seis meses de
prisión.
El procesado, de 45 años, ha aprovechado su turno de
palabra en el acto de juicio celebrado en la Audiencia Provincial para pedir
«disculpas» tanto a las víctimas como a sus familias, y también a sus
propios allegados por lo que ha definido como una «situación muy
engorrosa».
Carlos Alexander R.L. ha admitido a preguntas del fiscal
Jesús Gázquez y ante el tribunal presidido por el magistrado Luis Columna ser
el «responsable» de los hechos que se le atribuían, una vez con un
«sí» y en otras cuatro ocasiones asintiendo con la cabeza, tras lo
que el Ministerio Público ha decidido modificar su escrito de acusación en el
que interesaba un total de 37 años de cárcel.
El pediatra de 45 años ha aceptado cuatro años de prisión
por cada uno de los cuatro delitos de abuso sexual, otro dos años de cárcel por
un quinto delito y ocho años y seis meses de prisión por un sexto delito de
abuso sexual continuado. Al margen de cárcel, el Ministerio Público pedía 42
años de libertad vigilada y el abono de indemnizaciones de entre 15,000 y
10,000 euros por el daño moral causado a las víctimas.
Al término de la vista oral, con presencia de la Abogacía
del Estado que se ha adherido a las conclusiones de la Fiscalía, la letrada de
la defensa, Estela Gómez, ha trasladado en declaraciones a los periodistas que
fue «él mismo» que le trasladó, tras barajar «muchas
opciones», que iba a asumir la autoría de «todos y cada uno de los
hechos» que se le imputaban ya que está «muy arrepentido».
Carlos Alexander R.L. prestó servicio como pediatra
contratado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en centros de los municipios
de Huércal-Overa, Pulpí y Vera desde marzo de 2008 hasta septiembre de 2013.
Así, «aprovechándose de su condición» de facultativo, establecía
relaciones de «confianza» con las madres de los niños que acudían a
su consulta como pacientes y se centraba, sobre todo, en aquellos que eran de
nacionalidad colombiana como él.
La Fiscalía remarca que conseguía de este modo el
«consentimiento» de las progenitoras para llevarse a sus hijos a
pasar «una tarde, un rato, un día o un n de semana» a su domicilio,
ubicado en la localidad de Roquetas de Mar, «haciéndose cargo de ellos de
manera exclusiva».
Una vez en la casa, junto al que decía ser su hijo,
también menor de edad, perpetraba supuestamente los abusos. Lo hacía tanto en
el interior del domicilio como en la piscina comunitaria «guiado por el
ánimo lúbrico».
El Ministerio Público detalla «besos en la boca en
múltiples ocasiones, tocamientos en los genitales», así como que dormía
con ellos en «la misma cama» o que «aprovechaba la excusa de
ducharse y secarlos» para la práctica «de sexo oral».
Entre las víctimas, de entre cuatro y 13 años, figura un
menor que en el momento de los hechos se encontraba ingresado en un centro de
acogida y con quien el procesado se prestó a realizar funciones de
«familia colaboradora» y un segundo niño que sufrió los abusos hasta
los 17 años «porque le había hecho creer que eso era lo normal en su país.
El menor consistió a pesar del rechazo que sentía para
poder seguir disfrutando de beneficios que su economía no le permitía»,
remarca el Ministerio Fiscal. Carlos Alexander R.L. fue extraditado el 8 de
julio de 2016 a España desde su país natal, donde estuvo estado cumpliendo
condena por hechos similares. Tres meses antes había sido puesto en libertad
condicional tras estar en arresto domiciliario, controlado por un dispositivo
electrónico.
PROTAGONIZÓ DOS FUGAS
El juicio contra él en Colombia, por el que fue condenado
a 38 meses de prisión, se celebró en ausencia del reo, quien protagonizó dos
huidas; una hacia España, donde cometió presuntamente los delitos de los que
ahora debe dar cuenta, y la segunda, de vuelta su país natal.
Allí fue detenido en marzo de 2014 tras la labor conjunta
de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía colombiana,
en colaboración con la Guardia Civil en España.
La Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia
ordenó su extradición en julio de 2014 al estimar la petición tramitada por el
Gobierno de España a raíz de que el Juzgado de Instrucción 2 de Roquetas de Mar
abriese causa contra él. No obstante, se dispuso que no fuese extraditado para
ser puesto a disposición de este juzgado instructor hasta que cumpliese la pena
de 38 meses y 25 días de prisión a la que fue condenado en 2012 tras la
denuncia del padre de una de sus víctimas.
Finalmente, no la cumplió de forma íntegra y se benefició
de remisión de pena. Ya entonces, los magistrados colombianos señalaron que fue
la profesión que ejercía «lo que motivó su acceso al ambiente
escolar» y «lo que le facilitó la confianza» de la víctima para
que pudiera desarrollar su «perversa conducta».
La Corte no le inhabilitó profesionalmente y estuvo
investigado en relación a hechos similares en Barcelona, donde también ejerció
como pediatra antes de llegar a Almería. Accedió al SAS por una bolsa de
empleo.
HIJOS DE MADRES SOLTERAS
Para estimar la extradición y dictar resolución en
positivo, la Corte Suprema colombiana tuvo en cuenta la denuncia de las madres
de los menores, que principalmente eran madres solteras o divorciadas con
problemas económicos y de origen sudamericano.
En esta línea, hacía alusión a la primera denuncia, de
julio de 2013, en la que la progenitora de un niño de ocho años daba cuenta de
presuntos abusos sexuales mientras el menor estaba a cargo del pediatra en su
casa.
Posteriormente, otra madre denunció también que sus dos
hijos, de 11 y 7 años, habían sido presuntas víctimas de los abusos sexuales
del médico, de forma que trató incluso de forjar una «estrecha
relación» con el más pequeño de ellos, de quien trató de ser su padrino y
del que tenía una foto en su cuenta de la aplicación Whatsapp. Según el relato
de la progenitora, su comportamiento «se volvió obsesivo».
El fallo favorable a la extradición, al que tuvo acceso
Europa Press, recogía, asimismo, el testimonio de los pequeños ante psicólogos
adscritos a los equipos de mujer-menor (Emume) de la Guardia Civil en la que
ellos relatan presuntos comportamientos de Carlos Alexander R.L.
Igualmente, apuntaba al testimonio de una de las madres
que vivió temporalmente en la casa del pediatra para trabajar como empleada
interina y que relató que el hombre trataba a uno de los menores «como a
una novia», si bien a la casa «iban muchos niños». Estas
declaraciones fueron apoyadas además por dos testigos ajenos a los menores y
las familias y que señalaron la presencia de menores y comportamientos de
carácter sexual entre el acusado y los niños.
