La primera desilusión de Lori Terraza, una mexicana que fue traída por sus padres a Estados Unidos cuando era pequeña, no fue un desamor. Fue enterarse a los 17 años de que no podía ir a la universidad, trabajar ni viajar.
«Para muchos de nosotros nuestra primera desilusión no fue de un amor, nuestra primera desilusión fue saber que no podíamos ir a la universidad, que no podíamos tener el trabajo que queríamos, que teníamos barreras para salir adelante», dijo Lori a AFP, frente a un centro comunitario en Los Ángeles.
Ella y otras 500 personas llevaban más de dos horas haciendo cola para informarse sobre los requisitos de la «acción diferida», que a partir de este miércoles concede una suspensión de la amenaza de deportación y garantiza el derecho a trabajar a los estudiantes indocumentados menores de 31 años.
«Finalmente vamos a cumplir nuestros sueños», agregó la joven.
Frente a las puertas de la Coalición de Derechos Humanos de Los Ángeles (CHIRLA), que así como otras decenas de organismos en Estados Unidos comenzó a ofrecer sesiones informativas, los jóvenes esperaban acompañados de sus padres, abuelos o llevando cochecitos de bebé.
«Hemos esperado 20 años para una posibilidad de legalización y, aunque ésta es temporal, sí es un alivio migratorio. Lo que estamos viendo es un proceso familiar», dijo a la AFP Jorge Cabrera, portavoz de CHIRLA.
Frente a la cola, algunos inmigrantes vendían «hot dogs», sándwiches y agua. Otra armó un puesto de mangos y mamones, un fruto silvestre tropical. «Vinieron de contrabando, igualito que nosotros», comentó la vendedora.
La emoción entre los jóvenes estudiantes era palpable. Muchos de ellos hablan poco español y crecieron en Estados Unidos sin saber que eran indocumentados, y recuerdan claramente el día en que se enteraron de que no tenían los mismos derechos que sus amigos estadounidenses.
«Yo tenía 12 años y mi profesor de Inglés estaba organizando un viaje a Europa, y yo tenía muchas ganas de ir», contó a la AFP, en inglés, Janet Martínez, una mexicana que creció en Arizona (suroeste) tras llegar con sus padres a los tres años.
«Pero no entendía por qué no me dejaban ir. Luego escuché sin querer que mi mamá le decía a mi tía que le gustaría que yo fuera, pero que, como no tenía papeles, no podía salir del país», dijo la joven de 25 años, recién graduada de Gestión de Empresas en la universidad estatal de Arizona.
«En aquel momento entendí en qué consistía, pero no sabía cuánto iba a afectarme a largo plazo», agregó.
Los indocumentados no pueden trabajar legalmente, viajar ni tener una licencia de conducir, engorroso inconveniente en una megalópolis como Los Ángeles.
La directiva, si bien no es una amnistía y tiene carácter temporal, les concede estas prerrogativas. Es el mayor cambio en la política migratoria estadounidense en décadas y beneficia a 1,7 millones de personas en el país.
Según el sociólogo Octavio Pescador, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles, al menos la mitad de los beneficiados residen en la costa oeste, la mayoría en California y Arizona.
«Es la primera gran victoria en el ámbito migratorio después de varias décadas», dijo a la AFP el profesor, agregando que la medida libera a los jóvenes trabajadores del estigma de «ilegales».
«Hay grandes prejuicios contra los indocumentados. Se les conoce como ‘ilegales’ y esa connotación lleva a pensar en criminales», explicó. «Es injusto que a un joven que llegó de niño se le diga criminal, siendo alguien que puede ser abogado, médico o que sirve a las Fuerzas Armadas».
Jorge Acuña, de 19 años y quien llegó a los ocho de Colombia, quiere ser neurocijano, pero estuvo a punto de ser deportado a principios de este año.
«No creo que haya gente más patriota que los ‘dreamers’ (o «soñadores», como se conoce a los estudiantes indocumentados), porque todos los días nos levantamos con miedo para asegurarnos un día más en este país», dijo a la AFP , tras llenar los formularios en el Foro Nacional de Migración en Washington.
«No creo que haya nada más patriota que eso, amamos este país, es nuestra casa», afirmó.
