El Gobierno venezolano acusó hoy a los Gobiernos de 11
países latinoamericanos de supuestamente estar detrás de planes
desestabilizadores comandados por Estados Unidos para poner fin a la revolución
bolivariana, en el poder desde 1999.
«Continúa la arremetida de un grupo gobiernos
satélites subordinados a los planes imperialistas estadounidenses, que
alimentan el obsesivo objetivo de poner en marcha una trama desestabilizadora
contra la legítima institucionalidad democrática venezolana», según un comunicado
oficial.
El canciller venezolano, Jorge Arreaza, publicó en
Twitter este comunicado en el que acusa a los Gobiernos de Argentina, Brasil,
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y
Perú de estar «pretendiendo arrogarse ilegalmente la potestad de
determinar la legitimidad de las instituciones venezolanas».
«Los Gobiernos concernidos actúan prestando sus
voces al nefasto coro que su mandante está dirigiendo para desencadenar
situaciones de inestabilidad política interna que justifiquen la intervención
extranjera que los factores guerreristas estadounidenses han venido anunciando
sin ningún rubor», prosigue el escrito.
El Gobierno chavista asegura que seguirá «analizando
detalladamente las actitudes hostiles de estos Gobiernos y sabrá tomar
decisiones que garanticen la protección del Estado y sus instituciones, en
defensa de la República y la soberanía nacional».
La Administración de Nicolás Maduro saludó el sábado la
«rectificación» que hicieron 10 países latinoamericanos que forman
parte del Grupo de Lima sobre un punto de su última declaración, luego de un
incidente en la frontera con Guyana que, según la nación caribeña, puso en
riesgo su integridad territorial.
En su declaración del pasado 4 de enero, el Grupo de Lima,
integrado por 14 países americanos críticos con Maduro, expresó en uno de sus
puntos «preocupación» por la interceptación de dos buques de la
petrolera Exxon Mobil en aguas que Venezuela y Guayana reclaman como suyas.
La declaración del Grupo de Lima instó a Maduro, además,
a no asumir el nuevo período que juró el jueves ante el Supremo, por lo que
Arreaza ha señalado que todo el documento «es una intromisión grosera en
los asuntos internos venezolanos».
Maduro obtuvo la reelección en mayo pasado, en unos
comicios señalados de fraudulentos y en los que no participó el grueso de la
oposición entre otras razones porque sus principales dirigentes fueron
inhabilitados políticamente.
La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión
Europea (UE) no reconocen como legítima la Administración de Maduro.
