El Gobierno británico admitió hoy que contempla la
posibilidad de que no se apruebe un acuerdo del «brexit» hasta los
«días previos» a la fecha límite del 29 de marzo, lo que le obligaría
a pedir una extensión del plazo de salida a la Unión Europea (UE) para aprobar
diversas legislaciones secundarias.
«Estamos en una situación en la que eso es
claramente posible», dijo en una entrevista el ministro de Exteriores,
Jeremy Hunt, que se mostró confiado en que Londres puede convencer a Bruselas
con el objetivo de que acepte alguna propuesta alternativa al controvertido
mecanismo de salvaguarda para evitar una frontera en Irlanda del Norte.
«Para diseñar esa propuesta tenemos que trabajarla y
analizarla en detalle con nuestros socios de la Unión Europea», dijo el
jefe de la diplomacia británica, que advirtió de que «eso no va a ocurrir
en los próximos pocos días».
Con todo, un portavoz de Downing Street, despacho oficial
de la primera ministra, Theresa May, puntualizó que el Gobierno continúa
«determinado» a que el Reino Unido rompa sus lazos con la UE en la
fecha prevista.
El país abandonará el bloque comunitario de manera no
negociada el próximo 29 de marzo si antes no ha ratificado un acuerdo de salida
o bien ha pedido una extensión del plazo que marca el artículo 50 del Tratado
de Lisboa.
Antes de materializar la ruptura, el Gobierno debe
aprobar numerosas leyes para regular ámbitos cuya gestión dependen hasta ahora
en parte de Bruselas, entre ellas la ley de comercio, la de agricultura, la de
inmigración y la de servicios financieros.
La falta de certidumbre sobre el futuro estatus del Reino
Unido ha entorpecido el avance de la tramitación de esas legislaciones.
Para agilizar el trabajo, la líder del Partido
Conservador en la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom, ha avanzado que el
Parlamento está considerando anular el receso invernal de las sesiones, entre
el 15 y el 25 de febrero.
Aun así, los avances en esas leyes continúan bloqueados:
en el calendario parlamentario publicado hoy para la próxima semana no hay
programada ninguna sesión para abordar leyes relacionadas con el
«brexit».
La primera ministra planea volver a comparecer el próximo
día 13 en los Comunes para exponer su hoja de ruta a partir de entonces si
todavía no ha logrado las concesiones que espera obtener de Bruselas.
Esa comparecencia dará lugar previsiblemente a una moción
neutra del Gobierno a la que los diputados podrán agregar enmiendas, lo que
servirá para poner a prueba el respaldo a diversas posibles vías de cara al
«brexit».
En una votación similar, los diputados respaldaron esta
semana una enmienda no vinculante que rechaza abandonar la UE sin un acuerdo y
otra que insta al Gobierno a renegociar el tratado de salida y deshacerse de la
cláusula norirlandesa.
La cámara votó en contra, en cambio, de una moción con
peso legal dirigida a obligar al Gobierno a pedir una extensión del
«brexit» si a finales de febrero no se ha aprobado un acuerdo.
A la enmienda, que fue rechazada por una diferencia de 23
votos, se opusieron 14 diputados de la oposición laborista y 11 de ellos se
abstuvieron, la mayoría elegidos en circunscripciones que votaron a favor del
«brexit» en el referéndum de 2016.
Según ha revelado el diario «The Times», May ha
iniciado una campaña para tratar de recabar el apoyo de los diputados
laboristas más euroescépticos en una futura votación del acuerdo del
«brexit», lo que le podría permitir superar el trámite parlamentario incluso
con la oposición de algunos conservadores rebeldes.
El periódico asegura que el Gobierno baraja la opción de
conceder «inyecciones de capital» a áreas deprimidas del país con
tradición de voto laborista, como antiguas zonas mineras, para sumar respaldos.
Que nos muestre el dinero. Un fondo de tamaño suficiente
para transformar nuestras comunidades. Nuestras zonas votaron por salir (de la
UE) y es hora de que recibamos las inversiones que necesitamos», respondió
el diputado laborista John Mann, uno de los 14 que votó en contra de la
enmienda para posponer el «brexit».
