La Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (PROFEPA) presenta denuncia penal contra quien
resulte responsable de las agresiones físicas a inspectores federales, la
destrucción de 4 vehículos oficiales así como el robo de una embarcación de
esta dependencia, en el poblado del Golfo de Santa Clara, Sonora.
Lo anterior, como
resultado de los hechos ocurridos contra 10 servidores públicos de la PROFEPA y
la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) así como 18 oficiales de la
Comisión Nacional de Pesca, la noche de ayer miércoles en aquel poblado por un
indeterminado grupo de personas que además quemó un total de 15 vehículos
oficiales.
De acuerdo al primer
reporte oficial, 3 inspectores de la PROFEPA que fueron golpeados, lograron
salir del poblado junto con otros dos compañeros y consiguieron resguardarse en
la cabecera municipal aledaña de San Luis Río Colorado, Son.
El recuento de los
bienes dañados de PROFEPA son 2 camionetas, 01 lancha y 01 cuatrimoto,
incendiadas. Además, del robo de una lancha asegurada.
También, fueron quemadas
8 camionetas y una lancha de la CONAPESCA; así como dos lanchas de la CONANP.
El grupo agresor
justificó sus acciones ante la falta de emisión de autorizaciones en materia de
impacto ambiental para realizar la actividad pesquera en dicha región, por
parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
Es de resaltar que de
acuerdo a la SEMARNAT la solicitud en cuestión fue ingresada por los pescadores
el día 22 de febrero del 2017, a sólo unos días de iniciar la pesca de curvina
golfina; lo anterior, refleja la irresponsabilidad con la que actuaron los
líderes de este gremio al solicitar tardíamente la autorización.
Toma relevancia que las acciones aplicadas en la región del Alto Golfo por las distintas dependencias
del Gobierno Federal, entre ellas la PROFEPA, se han enfocado primordialmente a
combatir la extracción ilegal del pez totoaba, problema que los mismos pescadores
han denunciado, por lo que la situación de la autorización de impacto ambiental
era ajena a las competencias de esta Procuraduría.
Finalmente, la PROFEPA
mantendrá la inspección y vigilancia en la región y dará seguimiento a que el
Ministerio Público Federal dé curso a las investigaciones y sancione a los
responsables.
