Hermosillo, Son.
Ante los integrantes
de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales ratificó esta tarde una
solicitud de juicio político en contra del ex alcalde de esta capital, Manuel
Ignacio Acosta Gutiérrez y del ex tesorero municipal, Tadeo Iruretagoyena
Tirado, la titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del
Ayuntamiento de Hermosillo, Patricia Eugenia Argüelles Canseco.
La funcionaria municipal se dirigió al presidente de la
dictaminadora, Jesús Alonso Montes Piña, para establecer que sí es su voluntad
ratificar dicha solicitud derivada de la denuncia interpuesta por el
subprocurador de asuntos jurídicos adscrito a la Procuraduría Fiscal de la
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, Ricardo Moreno Millanes, en
contra de funcionarios de la administración municipal del H. Ayuntamiento de
Hermosillo correspondiente al periodo 2015-2018.
El diputado Montes Piña explicó que una vez ratificada la
solicitud, los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales harán un análisis exhaustivo y en un plazo de diez días
determinarán si procede o no, por lo que de ser así, tendría que nombrarse a un
diputado acusador, quien junto con la parte acusadora, deberán presentar las
pruebas para que el Pleno pueda decidir la procedencia del juicio.
La denuncia obedece a un tema de desvío de fondos
federales, por lo que la Contraloría Municipal, al detectarlo decide acudir al
Congreso del Estado, pero igual pudieron haberse ido por el lado judicial,
agregó en entrevista al término de la reunión.
“Tienen que comprobar lo que dicen; si están acusando de
malversación o daño a la hacienda pública del Ayuntamiento de Hermosillo
tendrán que comprobar que es así, una vez que lo comprueben, siendo el caso,
nosotros estamos obligados a proceder en consecuencia”, aseveró el diputado
Montes Piña.
A esta Legislatura le han tocado cosas inéditas y esta es
una de ellas, ya que no existen antecedentes de que el Congreso del Estado haya
enjuiciado políticamente a algún ex alcalde, de manera que en su actuación no
pueden ser omisos porque no es lo que espera la ciudadanía, sostuvo, pero
tampoco se trata de una persecución ni de una cacería.
“Si hay denuncia y hay comprobación de actos de
corrupción tendremos que actuar; no es una acción del Congreso perseguir a
nadie. Aceptamos las denuncias que nos hagan llegar los ciudadanos o las
autoridades actuales de los diferentes municipios, pero no vamos a actuar en
razón de una agenda de odio, vamos a actuar en razón de la verdad y de la justicia”,
expresó el legislador.
En esta reunión estuvieron presentes los secretarios de
la comisión, diputados Héctor Raúl Castelo Montaño, Jorge Villaescusa Aguayo,
Jesús Eduardo Urbina Lucero, María Dolores Del Río Sánchez, Nitzia Corina
Gradías Ahumada, María Magdalena Uribe Peña y Norberto Ortega Torres.
