CIUDAD DE MÉXICO
Para que las mujeres que habitan y transitan en la Ciudad
de México puedan portar y en su caso, utilizar gas pimienta e inmovilizadores
eléctricos para defenderse ante el incremento de violencia en su contra, el
presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas,
Nazario Norberto Sánchez, presentó en tribuna una iniciativa para despenalizar
el uso de estos cuando sean usados por mujeres.
Señaló que esta medida es una petición ciudadana, para
poderse defender de una agresión sin preocuparse porque hacen algo que va
contra la ley.
Recordó que el pasado mes de enero y febrero, la
Procuraduría General de Justicia Capitalina inició 48 carpetas de investigación
por presuntos secuestros de mujeres, la mayoría jóvenes, en el Sistema de Transporte
Colectivo Metro.
También destacó que ante las amenazas que las mujeres
enfrentan día con día, como son los secuestros y agresiones sexuales, se ha
fomentado la compra de inmovilizadores eléctricos, que parecen labiales, y
diferentes envases de gas pimienta «pues es la manera que encuentran de
defenderse de forma inmediata ante estos agresores».
En ese sentido, destacó, que de acuerdo con el Centro
Nacional de Información respecto a la Incidencia delictiva y llamadas de
emergencia al 911 en el rubro de violencia contra las mujeres, 11 de las 16
alcaldías están en la lista de los 100 municipios con más casos de
feminicidios.
Apuntó que, en la capital, el uso de gas pimienta, no se
encuentra regulado en nuestra legislación penal, lo cual, dijo, «es de
gran preocupación debido a que cada vez más mujeres adquieren este tipo de
productos con el fin de defenderse a sí mismas, muchas sin el conocimiento que
podría configurarse respecto al Código Penal como premeditación, alevosía y
ventaja”.
Recordó que esta situación ya está regulada en nuestro
país a través del Código Penal del Estado de Puebla, por lo cual se propone
adicionar un Segundo y Tercer párrafo al artículo 251, del Código Penal para la
Ciudad de México.
La iniciativa, se turnó para su análisis y dictamen a la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
