El falso arresto de la francesa Florence Cassez montado por policías ante cámaras es el eje de una propuesta para anular su condena de 60 años de cárcel por secuestro y desató un debate sobre el trato que la prensa de México da a detenidos y que se asemeja a un linchamiento.
Los mexicanos se han acostumbrado a ver casi a diario las llamadas «presentaciones», en las que personas detenidas son puestas ante cámaras. Algunos incluso confiesan o niegan su participación, colocados frente a supuestas pruebas incriminatorias como armas y municiones.
Estas «presentaciones», una versión extrema de las «perp walk» (literalmente caminata de los ejecutores) usadas en Estados Unidos, se han hecho frecuentes en el marco de la violenta ofensiva contra el narcotráfico lanzada por el gobierno de Felipe Calderón, interesado en mostrar resultados efectivos de su estrategia.
«Esto es un asunto tipo ‘reality show'», dice el artista Carlos Pez. «Al verlos en la televisión, pues ya para nosotros son culpables».
«Si agarran a un narco con armas, pues no te preguntas si es inocente o no, porque es evidente, tiene armas, ¿o no?», señala Perla Anaya, una oficinista.
En el caso de Cassez, que ha pasado más de seis años detenida en México, un juez de la Suprema Corte de Justicia ha pedido su liberación, señalando graves errores que vician el proceso en su contra.
El magistrado Arturo Zaldívar menciona en particular que la recreación que la policía hizo ante cámaras -varias horas después de la detención- y mostrada como la transmisión en vivo de un operativo para capturar a un grupo de secuestradores y liberar a sus víctimas «conscientemente deformó la realidad» y violó el derecho a la presunción de inocencia.
Los periodistas en la escena interrogaron a la francesa y a su exnovio Israel Vallarta, acusado de liderar la banda de secuestradores.
Una larga batalla legal ha marcado el caso, afectando las relaciones entre México y Francia, y dividiendo a la opinión pública en un país donde el secuestro es un delito frecuente.
Los cinco integrantes de la sala primera de la Corte deben votar este 21 de marzo sobre la propuesta de Zaldívar de liberar a Cassez.
Abogados y activistas de derechos humanos consideran benéfico que este caso haya puesto en el centro del debate los frecuentemente violados derechos de los detenidos y en particular la práctica de las «presentaciones», que se hacen incluso antes de que les sean formulados cargos, violando el principio constitucional de presunción de inocencia.
«El caso Cassez le da a la Suprema Corte una oportunidad inigualable para establecer que la exhibición mediática de los detenidos tiene como consecuencia que no se les pueda llevar a juicio», según Ana Laura Magaloni, directora de la división de estudios jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
«Presentar a detenidos en medios de comunicación es violatorio de los derechos humanos», señaló por su parte Miguel Carbonell, un experto en derecho de la estatal Universidad Autónoma de México, en una reciente conferencia de prensa.
Otro caso que ha atraído la atención es el de Laura Zúñiga, una reina de belleza mexicana que perdió su título y sufrió una humillación al ser presentada ante los medios junto a siete presuntos miembros de una banda del narcotráfico, entre ellos su exnovio, en 2008.
Zúñiga fue absuelta de todos los cargos después de 40 días tras las rejas -su caso incluso inspiró una película-, pero la mala publicidad que le creó la «presentación» la ha dejado marcada.
«Mi autoestima cayó muchísimo, y recuperarme de todo eso fue muy, muy duro», dijo Zúñiga en una entrevista reciente con la cadena de televisión en español Univisión.
Además de crear una presunción de culpabilidad en la opinión pública, las «presentaciones» también pueden influenciar a los testigos e incluso a los jueces.
«Técnicamente, para los jueces no debería tener ningún impacto, aunque estrictamente hablando se puede traducir en una presión para los jueces en decidir en cierto sentido», señala José Antonio Caballero, otro experto legal del CIDE.
Caballero sin embargo considera que en un un país donde la corrupción de la policía es frecuente y hay autoridades sospechosas de desapariciones, torturas e incluso asesinatos de detenidos, las «presentaciones» pueden servir como una prueba de que alguien ha sido detenido.
En cierto modo, «la ‘presentacion’ de los detenidos implica una salvaguarda de sus derechos, una salvaguarda incluso de su integridad física», añadió.
Caso Cassez expone linchamiento mediático de detenidos
