Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, negó que la presencia de reos federales en cárceles estatales sea la causa de masacres, fugas y violencia, y recordó que en prisiones de cinco entidades, que concentran 50 por ciento de reclusos federales y del fuero común, no ha habido incidentes de este tipo.
Sostuvo que esos sucesos son detonados por la “corrupción” y destacó que la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal tiene bajo custodia a los presos más peligrosos del país sin que por ello ocurran incidentes en los centros de readaptación social de alta seguridad.
Señaló que en las cárceles del Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Baja California y Sonora, donde está recluida la mitad de la población carcaleria del país, no han ocurrido situaciones graves, a diferencia de Nuevo León, Tamaulipas y Durango, por lo que tampoco es válido argumentar que el sobrecupo genere violencia.
En entrevista radiofónica con Joaquín López-Dóriga, el funcionario reiteró que las fugas ocurren porque algún funcionario corrupto abre las puertas de las prisiones, como sucedió en el caso de Joaquín El Chapo Guzmán.
Ese hecho ocurrió en enero de 2001, durante “la administración del doctor (Alejandro) Gertz”, entonces secretario de Seguridad Pública, señaló García Luna.
El funcionario federal insistió: “No corresponde que la variable donde hay fugas sea por la perspectiva de sobrepoblación, las fugas no han sido porque tiren una pared o haya un comando que irrumpa por las puertas o la torre; en todos los casos ha habido gente que les abre las puertas, les da acceso o los libera para que los criminales tengan ventaja”.
Comentó que al inicio del gobierno del presidente Felipe Calderón se advirtió que México requería una visión integral para el sistema penitenciario, ante el grave rezago estructural, de sistemas tecnológicos y de perfiles de los servidores públicos que operan los centros de readaptación social.
“Lo que se hizo a escala federal fue crear una estrategia integral con tres ejes. Uno planteaba el rápido crecimiento para ampliar la capacidad que teníamos en ese momento, porque cuando inició la administración había 3 mil 100 reos en custodia federal y ha habido un crecimiento significativo hasta el día de hoy de 18 mil”.
Sin embargo, se asumió que había un control en los estados de los presos federales, debido a que desde hace 40 años existe el “socorro de ley”, que es dinero transferido a los gobiernos locales para la custodia de estos internos.
“Cuando vimos que había alto riesgo en términos de control, de materia estructural en los penales locales, el Presidente ordenó una estrategia general, en la que plantea ampliar las capacidades penitenciarias, lo que ya teníamos en alta seguridad en Estado de México, Jalisco, Tamaulipas e Islas Marías. Eso nos da un primer alcance superior para tener alrededor de 8 mil reos en control federal”.
El titular de la SSP explicó que luego se retomaron penales, cuya construcción estaba inconclusa y fueron adaptados para convertirlos en centros de máxima seguridad, lo que permitió ampliar la capacidad instalada.
Destacó que a finales de este año estarán concluidos ocho centros de readaptación social de alta seguridad (con inversión privada) para tener 20 mil espacios adicionales, lo que permitirá a la Federación asumir la custodia total de los internos federales.
Sin embargo, hasta el momento no se ha autorizado el presupuesto para su operación, además de que requerirán 2 mil custodios con perfil especializado y exámenes de confianza aprobados.
Para García Luna, el tema del sistema penitenciario debe ser transexenal, no de coyuntura, por hechos como los ocurridos en Nuevo Léon, Tamaulipas y Durango.
Aun cuando el gobierno federal asuma la custodia de 100 por ciento de reos federales, sostuvo, eso no garantiza que los estados dejen de tener problemas con los internos locales.
“Ellos deben tener inversión y cambiar sus procesos, mejorar las capacidades de seguridad y control de estos internos”, añadió.
