La secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez
Cordero, aseguró que tras la implementación de medidas para combatir el
huachicoleo ya se inició un proceso para congelar las cuentas que estaban
relacionadas con este delito.
Explicó que el Gobierno federal, en coordinación con la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha detectado estas cuentas y ha tomado
acciones legales, por lo que ya puso a disposición del Ministerio Público la
carpeta de investigación para indagar éstas y a las personas que pudieran estar
relacionadas con la red de huachicoleo.
Además aseguró que también han sido aprehendidas personas
que han “saboteado” los ductos de Pemex, mismas que han sido puestas a
disposición de las autoridades correspondientes.
«Como dijo el presidente (Andrés Manuel López
Obrador), ‘no sólo son los de abajo, sino los de cuello blanco’ los que tenían
una red de distribución y, en ese sentido, se está actuando. También la gente
que ha estado haciendo estos actos de sabotaje ha sido detenida y puesta a disposición
del Ministerio Público”, afirmó.
Explicó que debido a que el combustible robado se
transporta, principalmente, por “pipas piratas” en carretera, se ha reforzado
la seguridad en estas vías de comunicación con elementos de la Secretaría de la
Defensa Nacional, de la Marina-Armada de México y de la Policía Federal.
Sánchez Cordero detalló que con esta acción se busca
frenar el transporte de hidrocarburo robado y aprehender a los responsables por
esta acción.
“Básicamente el tema jurídico y de delincuencia
organizada, porque no cabe duda que esto es parte de la delincuencia
organizada, se está atacando en todos los niveles”, afirmó.
Al respecto, el titular de la Procuraduría General de la
República (PGR), Alejandro Gertz Manero, aseguró que se han iniciado una serie
de investigaciones y se trabaja sobre la flagrancia; es decir, en los
involucrados en este delito.
“Trabajamos en quienes utilizan los bienes de la nación
para beneficiar a algunos cuantos, a ellos no estamos dedicando con mayor
esmero porque esa es la manera en la que el Estado Mexicano defiende sus
intereses y su patrimonio”, dijo.
Explicó que a pesar de que aún se discute la iniciativa
para elevar las penas por este delito, esto no impide que la Procuraduría no
pueda trabajar al respecto, ya que se trata de “delincuencia organizada”.
“Se trata de impedir que se lleven a cabo estos saqueos a
los intereses de la nación”, afirmó.
