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Destinan recursos para aumentar preparatorias en 2012

Para el ejercicio fiscal 2012, el Congreso aprobó para la educación media superior un presupuesto de cuatro mil 500 millones de pesos, de los cuales aproximadamente dos mil se etiquetaron para incrementar escuelas e infraestructura.

Aprobada la reforma constitucional que establece la obligatoriedad del bachillerato, el Estado debe garantizar escuelas y maestros a los siete millones de jóvenes que cursan ese nivel, aseguró el diputado y vicecoordinador del grupo legislativo de Nueva Alianza, Roberto Pérez de Alva.

En entrevista, manifestó que los legisladores que impulsaron la propuesta, incluidos los de Nueva Alianza (Panal) lo hicieron con la intención de garantizar la educación a millones de jóvenes y darles mejores herramientas para la lucha en la vida.

Hay gran riesgo porque si el Estado no destina recursos para los espacios educativos, a la infraestructura y a promover la formación docente para atender la demanda, pueden surgir miles de escuelas privadas como la única opción para cumplir con esta obligación.

Pérez de Alva Blanco aseveró que 22 congresos estatales aprobaron la reforma y ésta ya fue declarada constitucional por el Congreso en días pasados.

El legislador señaló que Nueva Alianza estará muy atenta en todas las entidades para que se apliquen los recursos a la ampliación de la cobertura en la educación media superior para que los siete millones de jóvenes tengan un espacio en la preparatoria.

El riesgo de privilegiar la educación privada sobre la pública está latente pues la iniciativa aprobada en 2002 estableció la obligatoriedad de la educación preescolar, recordó.

Esa disposición, abundó, propició el surgimiento de un sinnúmero de locales o pequeñas casas en todo el país y éstas fueron habilitadas como escuelas de preescolar, mismas que se establecieron para dar la cobertura requerida y cumplir con la obligatoriedad.

Hay mucho por hacer, mas cuando hay escuelas que rechazan a 20 o 30 por ciento de los jóvenes que piden su ingreso, como el caso de la UNAM e IPN, hecho que sucede en todo el país y que ya llegó a niveles de preescolar, primaria y secundaria, subrayó.

Por lo anterior, el legislador se pronunció porque el Estado retome el concepto de la educación pública como uno de los principales elementos para la formación social.

Además que se cumpla con el mandato constitucional de un presupuesto de 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a ese sector, pues cada año ha ido a la baja.

En 2004 y 2005 el promedio era de 4.4 y 4.5 por ciento y para el presupuesto de 2012 apenas alcanzó 3.8 por ciento, refirió.

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