La modernización para la emisión de pasaportes realizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tiene irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con la Cuenta Pública 2015 de la fecha de la auditoría, junio de 2016, aún no se había emitido en oficinas dentro o fuera del país un pasaporte electrónico debido a que se considera un proyecto piloto, sin embargo, la infraestructura instalada en el Centro de Emisión de Pasaportes Oficiales y Diplomáticos cumple con las características para la personalización y emisión del documento.
Detalló que durante la fase de pruebas «no se logró contar con una versión estable del sistema para su validación y correcta operación. La versión liberada el 30 de septiembre de 2015 no fue la versión validada por la Unidad de Gobierno Digital».
Está falla, señaló la auditoría, en específico del sistema Web de expedición de pasaportes provocó que del 1 al 7 de octubre se generaran 911 documentos cuando el promedio es de 11 mil 098; una disminución del 91.8 por ciento.
Tras la falla, la SRE y el proveedor Veridos realizaron labores de contingencia, un «back office» que es llenado e impresión manual de huellas digitales.
Las huellas dactilares que son ingresadas bajo esta modalidad en la base de datos tienen una calidad más baja, en ocasiones ilegibles y no cumplen con la calidad requerida para hacer futuras comparaciones», indica.
Del contrario SRE-DRM-LP-24/15 que refiere al servicio de emisión de pasaporte se aplicaron cuatro promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y tres recomendaciones.
INFRAESTRUCTURA INSERVIBLE
La ASF señaló que, durante una revisión a un consulado general de Phoenix, Arizona, se detectó nueve lectores de pasaporte los cuales se encontraban almacenados sin ser utilizados.
Esta situación, explica, es extendía a todas las representaciones mexicanas en Estados Unidos.
De esto, se concluyó que la cancillería hizo pagos por 459 mil 200 pesos durante 2015; y aunque por intervención de la ASF acredita un reintegro por un millón 24 mil 400 pesos, ameritó una promoción de sanción administrativa sancionatoria.
