El juez Baltasar Garzón fue condenado a 11 años de inhabilitación por espionaje entre presos y sus abogados durante una investigación de corrupción en la administración pública, según informó el jueves el Tribunal Supremo.
En 2009, Garzón ordenó grabar las conversaciones de varios acusados de la trama y sus abogados en prisión. La legislación española permite intervenir estas comunicaciones en casos de terrorismo, pero su encaje legal en otro tipo de delitos es más difuso.
La sentencia del tribunal de siete magistrados del Supremo que juzgaron a Garzón considera que su decisión fue «injusta», al «restringir arbitrariamente» el derecho de defensa de los imputados en prisión.
La acusación particular, ejercida por dos implicados en la trama y un abogado que se consideran damnificados por Garzón, solicitaba hasta 17 años de inhabilitación. Pero el Supremo dejó la condena en 11.
Además del caso «Gürtel», el magistrado español está pendiente de sentencia en el juicio que finalizó el miércoles por su investigación de los crímenes del franquismo.