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Monreal propone ley para frenar abusos en tarjetas bancarias

Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, con el propósito de poner fin a prácticas abusivas en la emisión y cancelación de tarjetas de crédito y débito por parte de bancos y comercios.

De acuerdo con el legislador, la propuesta parte de tres ejes fundamentales: garantizar una cancelación sencilla y accesible, establecer plazos breves y claros para concretarla, y reforzar la protección de los usuarios frente a cobros indebidos o publicidad engañosa.

Monreal explicó que uno de los principales objetivos es asegurar que toda persona pueda cancelar su tarjeta sin obstáculos, sin importar si cuenta con acceso a internet o no.

“Nadie debe quedar atrapado en un contrato por falta de medios adecuados para cancelarlo”, afirmó.

El segundo punto busca que las instituciones estén obligadas a efectuar la cancelación en un máximo de tres días hábiles, sin aplicar comisiones, penalizaciones ni trámites excesivos.


Con ello, dijo, se pretende eliminar los procesos desgastantes que enfrentan los usuarios al intentar concluir una relación con las entidades financieras.

En el tercer eje, la iniciativa prohíbe la emisión de tarjetas sin consentimiento del usuario, castiga la publicidad engañosa sobre costos y cargos, y obliga al reembolso de cualquier cobro indebido, dejando claro que la responsabilidad de esos actos recae únicamente en el emisor, nunca en el cliente.

El legislador sustentó su propuesta en cifras de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, que revelan que seis de cada diez adultos poseen una tarjeta de débito y que circulan más de 37 millones de tarjetas de crédito en el país, con un financiamiento superior a 630 mil millones de pesos.

Sin embargo, advirtió que aún existen fallas y resistencias institucionales para atender las solicitudes de cancelación.

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