El coordinador de los diputados federales del PRI, Manlio Fabio Beltrones, negó un enfrentamiento con el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, y hasta se declaró estar dispuesto a dialogar “con quien así lo desee”, pero declinó la invitación del mandatario a recorrer esa entidad.
“He recorrido toda la República y por eso mantengo mis ideas; en esto no hay enfrentamiento, lo que hay son posiciones distintas, una idea diferente, una conceptualización del Estado mexicano muy distinta la del uno a la del otro, pero esto sucede en la política cotidianamente y así tiene que ser y yo seguiré manteniendo mi posición al respecto y dialogaré con todos aquellos que piensen igual que yo y más con quienes piensen distinto, de tal suerte que estaré muy atento a poderlo hacer con quien así lo desee”, puntualizó.
Un día después de que el presidente Enrique Peña Nieto llamara a Beltrones y Aguirre a la prudencia, el legislador priista reafirmó sus diferendos con el gobernador de Guerrero respecto a los grupos de autodefensa.
Sostuvo que las llamadas policías comunitarias pueden terminar como grupos paramilitares o “cooptados por la delincuencia”, y en ese sentido advirtió que no es con ocurrencias, sino con la legalidad como se deben resolver los problemas de inseguridad y delincuencia.
Al respecto, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal, secundó los cuestionamientos de Beltrones y exigió a los gobernantes de los tres órdenes cumplir su responsabilidad constitucional de garantizar la seguridad o renunciar a sus cargos.
“Los que no estén en la disposición de cumplir con la ley y de imponer el Estado de Derecho, pues yo creo que sí tendrían que hacer ellos una valoración personal y decir no puedo y renuncio”, dijo.
El líder parlamentario del PRD, Silvano Aureoles, alertó igualmente sobre el riesgo de una mayor confrontación nacional e ingobernabilidad con la existencia de esos grupos.
Remarcó así que no es posible promover y mucho menos aplaudir la irrupción de policías comunitarias, aunque admitió que ello es una medida desesperada derivada de la incapacidad del Estado nacional para preservar la seguridad y el Estado de Derecho.
