Procesos dilatados, corrupción, coyotaje, falta de capacitación en funcionarios en todos los niveles, sueldos bajos en algunos empleados, ineficiencias como falta de control en el archivo de expedientes, son algunos de los problemas que enfrentan trabajadores y abogados en las juntas de conciliación y arbitraje.
De acuerdo con testimonios de litigantes y trabajadores, la mayoría coincide en su desacuerdo con las situaciones adversas que viven en esas instituciones.
La reforma laboral no es suficiente, queda limitada, pues lo que se requiere es hacer una limpia a fondo en las juntas, señalan los consultados.
Jesús Luna Arias, especialista en Derecho Laboral y abogado litigante expone: “Los cambios no ayudarán a modificar la situación ahí. Hay tres problemas fundamentales: uno administrativo, que tiene que ver con quienes son presidentes de las juntas de conciliación y arbitraje, que pudiera ser que cuenten con experiencia jurídica, pero no tienen experiencia administrativa.
Esos y otros problemas, como bajos salarios, si no son resueltos, de nada servirá la reforma laboral.
Rosalinda Vélez Juárez, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), sostiene lo contrario y subraya que sí beneficiará.
Por ejemplo, explica que la indebida prolongación de los juicios provoca que los trabajadores tarden años en recibir la indemnización que conforme a la Constitución les corresponde, que tiene por objeto hacer frente en los primeros meses a la situación de desempleo.
Paralelamente, precisa, se establecen sanciones a los abogados, litigantes o representantes que promuevan acciones, con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral (multa de hasta mil veces el salario mínimo).
También se fijan sanciones para los servidores públicos cuya conducta irregular haga que los juicios se retrasen más allá de los plazos que establece la ley. Se fija para ellos como sanción la suspensión ó destitución, y se dará vista al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de un delito.
En complemento a lo anterior y ante la necesidad de modernizar y hacer más pronta y eficiente la impartición de la justicia laboral, con lo que se aprobó en la Cámara de Diputados se retomó de la Iniciativa Preferente los temas relativos al servicio profesional de carrera para los servidores públicos de las Juntas, con el fin de que tengan mayor especialización y conocimientos en la resolución de los conflictos.
Se prevé la utilización de herramientas electrónicas para facilitar la impartición de justicia laboral, y un procedimiento ágil para resolver con mayor rapidez las controversias entre las instituciones de seguridad social y los derechohabientes, conflictos que no son entre patrones y trabajadores, sino que tienen un carácter administrativo, señala Rosalinda Vélez.
Malas experiencias
Hugo Manuel Bautista Martínez, trabajador de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) del Distrito Federal, comenta que fue rescindido injustificadamente por una presunta agresión a trabajadores bancarios al reclamar sobre ineficiencias en el pago a través de tarjeta de débito y su caso se llevó tres años.
Sashenka Gutiérrez Espinosa abogada laborista patronal coincide en que es malo el trabajo que se realiza en las juntas. Por eso, dijo estar en contra de que se establezca a sólo un año el pago de salarios caídos, pues considera que las empresas incurrirán en más abusos una vez que corran a sus empleados injustificadamente.
En eso coincide la litigante Daniela Martínez de la Garza, quien sostiene que limitar a un año el pago de salarios caídos, “es como si no les interesara si el trabajador fue despedido o no”
Para los abogados mencionados, así como para los litigantes David González Vega y Caros Ojeda Estrada, se requiere ir más a fondo de lo que establece lo aprobado en el Congreso respecto a la reforma laboral, porque para mejorar la situación en las Juntas de conciliación y arbitraje, se requiere hacer una depuración de funcionarios incompetentes, atacar frontalmente y no sólo con paliativos el fenómeno del coyotaje, y mejorar la situación de los funcionarios que hacen bien su trabajo, para impedir prácticas corruptas, entre otras cambios que permitan una asistencia real al trabajador en defensa de sus derechos laborales.
Piden ‘limpia’ en juntas laborales
