La Sala Regional Especializada del TEPJF determinó que
572 funcionarios del Gobierno de Nuevo León incurrieron en violaciones al
recabar en horario laboral firmas para la candidatura del Gobernador con
licencia, Jaime Rodríguez, y ordenó dar vista a sus superiores jerárquicos para
que definan las sanciones correspondientes.
Al resolver el procedimiento especial sancionador, con
base en una denuncia promovida por el dirigente estatal de Movimiento
Ciudadano, Samuel García, el órgano también determinó que hay responsabilidad
tanto de «El Bronco», aún en su periodo como Gobernador en funciones,
como del Mandatario interino, Manuel González, al no haber evitado el uso de servidores
públicos, por lo que da vista también al Congreso local.
«Es existente la infracción atribuida a 572
servidores y servidoras públicos por captar apoyos en días y horas hábiles, por
tanto se comunica la sentencia a sus superiores jerárquicos», señala la
sentencia aprobada por unanimidad.
«Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, en su carácter
de Gobernador de Nuevo León, del 16 de octubre al 31 de diciembre de 2017, y
Manuel Florentino González, Gobernador interino, son responsables por no tomar
las medidas óptimas, eficaces y adecuadas para evitar el despliegue del uso del
servicio público para captar apoyos en favor del candidato independiente a la
Presidencia de la República».
Por tanto, establece el fallo, se comunica esta sentencia
al Congreso del Estado.
En la resolución también se determinó que existió
coacción por parte de las servidoras públicas Yolanda Deyanira Cedillo González
y Dulce María Facundo Torres hacia sus colaboradores, por lo que se informa
también a sus superiores jerárquicos.
En la propuesta se señala que de acuerdo con la
investigación de la Unidad de lo Contencioso Electoral, aunque fueron
emplazados 595 funcionarios estatales por recabar firmas en horario laboral, no
se determinó responsabilidad en 23 casos.
La presidenta y magistrada ponente, Gabriela Villafuente
Coello, manifestó que se determinó que hubo participación de servidores
públicos desde los niveles más bajos hasta los niveles superiores.
Sostuvo que se violaron normas del servicio público y
constitucionales, en particular el Artículo 134 sobre la aplicación imparcial
de los recursos públicos.
«La única condición es que nunca, no se use el cargo
para beneficio o promoción de partido político o candidatura», argumentó.
La denuncia fue promovida por García y la también legisladora
local de MC, Mariela Saldívar, luego que REFORMA publicó el 29 de enero que al
menos 14 mil 493 firmas fueron capturadas por funcionarios en horario de
trabajo.
