Ciudad de México.- La DEA investiga por lavado de dinero
al presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, empresario que
en México enfrenta una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en
el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por esta razón, Gabriel Regis López, juez Décimo Sexto de
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, rechazó levantar el
bloqueo de las cuentas bancarias del empresario que hoy permanece bajo custodia
del gobierno español.
El juzgador rechazó conceder una suspensión definitiva a
Alonso Ancira, porque el bloqueo que realizó de sus cuentas la Unidad de
Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, procede de una petición
internacional.
“Lo anterior se considera así, toda vez que mediante
oficios con registros 15289 y 15399, el titular y el director general de
Procesos ambos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público exhibieron el oficio MX-19- 0225 firmado por el Director Regional
Adjunto de la United States Drug Enforcement Administration, en el que se
informó que diversas personas estaban siendo investigadas por posibles actividades
relacionadas con el lavado de dinero, dentro de las cuales destaca el quejoso
físico”, señala la resolución.
El oficio fue enviado por la DEA el 30 de abril de este
año. Dicha investigación también está encaminada contra el ex director de
Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin.
De concederse la medida cautelar, indicó el juez, se
contravendrían disposiciones de orden público.
Regis López explicó que el marco jurídico bajo el cual se
conduce la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene por objeto proteger el
sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y
procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren
recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación
interinstitucional, que tiene como fines recabar elementos útiles para
investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia
ilícita.
Así como los relacionados con estos últimos, las
estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los
recursos para su financiamiento.
“En ese contexto, de concederse la medida cautelar
solicitada se contravendrían disposiciones de orden público, pues se daría
mayor peso al interés particular sobre el general, lo que en la especie no es
factible, dado que al permitir a la parte quejosa la inobservancia de la
determinación asumida por la Unidad de Inteligencia Financiera, se atentaría
contra la seguridad nacional, al obstaculizar la obtención por parte de la
autoridad investigadora, de información que pudiera estar relacionada con
actividades relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita,
lo cual evidentemente afecta al orden público e interés social, pues con dichas
disposiciones se persigue prevenir y detectar actos u operaciones que involucren
recursos de procedencia ilícita, máxime que el acto reclamado deriva de una
solicitud de carácter internacional”, apuntó.
