Para no afectar la situación económica que impera en muchos hogares sonorenses, el Pleno de la LXII Legislatura aprobó que, con motivo de los errores que en ocasiones se cometen en la elaboración de los documentos que emite el Registro Civil, el costo de las consecuentes correcciones no se cargue al ciudadano.
En esta ordinaria también fue aprobado el Decreto para celebrar una sesión del Pleno el 3 de diciembre del presente, en las instalaciones del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, CRIT Sonora, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad.
Además la Presidencia turnó a comisiones dictaminadoras una iniciativa con punto de acuerdo, otra con proyecto de decreto para modificar las leyes de Seguridad Pública y de Gobierno y Administración Municipal; se presentaron dos proyectos de ley: de comunicación social y de protección y desarrollo integral del adulto mayor, así como dos posicionamientos.
El Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Registro Civil para el Estado de Sonora consiste en establecer, de manera clara, que en razón de la situación económica que impera en muchos de los hogares sonorenses, no se vean afectados por actos que no son responsabilidad de los ciudadanos sino de los servidores públicos que elaboran los documentos públicos.
“Constituye el reconocimiento de actos erróneos por parte de la Dirección General del Registro Civil del Estado de Sonora, actos que no deben ser atribuibles a los ciudadanos, o de terceros que solicitan o solicitaron en algún momento la prestación de un derecho de índole civil ante la autoridad correspondiente”, establece uno de los considerandos del Decreto, al que dio lectura el diputado Miguel Ángel Chaira Ortiz, impulsor de la iniciativa.
Reiteró que en la mayoría de los casos, quien comete dicha equivocación es el representante de la autoridad correspondiente, al vaciar la información en el acta civil, ya sea de nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción, adopción y otras, por lo que el costo de su corrección no debe cargarse al ciudadano.
En su intervención en tribuna, la diputada Diana Platt Salazar expuso que, como medio para crear conciencia e involucrarse como legisladores en todo aquello que beneficie a sus representados, propuso la celebración de una sesión ordinaria el 3 de diciembre del presente, a efecto de que se traslade, de manera temporal, el recinto oficial del Congreso del Estado a las instalaciones del CRIT Sonora.
Agregó que la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante resolución 47/3 del 14 de octubre de 1992, proclamó el 3 de diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y en el Estado de Sonora, desde 2011 se brinda atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, parálisis cerebral, lesión cerebral, lesión medular, enfermedades neuromusculares, amputaciones y enfermedades osteoarticulares.
Dentro de las principales acciones del CRIT Sonora se encuentran: enfatizar la prevención, ofrecer un enfoque de atención médica interdisciplinaria, proporcionar servicios especializados de terapia física, ocupacional, lenguaje, estimulación múltiple temprana, neuroterapia, psicología e integración social, dijo Platt Salazar. Al 31 de diciembre de 2018 habían sido atendidos 2 mil 927 menores.
Iniciativas y posicionamientos
En el desarrollo de la sesión ordinaria, la Presidencia turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales una iniciativa con punto de acuerdo para llevar a cabo una modificación a la integración de dicha dictaminadora, toda vez que el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, en atención al número de sus integrantes, no tiene suficiente representación dentro de la misma, y el grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza no cuenta con un representante.
El diputado Jesús Alonso Montes Piña dio lectura a la iniciativa presentada por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, CRICP, en la que destacó que en la de Gobernación se analizan los asuntos de mayor relevancia del Poder Legislativo, como son las modificaciones a las constituciones federal y local, lo relacionado a la conformación de ayuntamientos, las solicitudes de juicios políticos y los traslados de poderes, entre otros.
Las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Seguridad Pública, estudiarán la iniciativa presentada por la diputada Rosa Icela Martínez Espinoza, que tiene por objeto establecer protocolos de actuación y garantizar la seguridad de los detenidos por faltas administrativas, por considerar, sostuvo, que las condiciones de las celdas de las comandancias municipales no son óptimas para garantizar la dignidad de las personas.
Propuso que los municipios tengan la obligación de elaborar un reglamento que regule el funcionamiento de los separos preventivos, en los cuales deberán establecerse, como mínimo, los derechos y obligaciones de los detenidos, arrestados y personas que ahí acudan.
Y para armonizar con la Ley General de Comunicación Social, la diputada Alejandra López Noriega presentó una iniciativa con proyecto de ley de comunicación social del Estado de Sonora, que funcionaría bajo los criterios de eficiencia, eficacia y transparencia, además de ser una obligación constitucional establecida en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a las entidades federativas a contar con leyes en las diversas materias.
La legisladora indicó que la iniciativa cumple estrictamente con el rigor metodológico de la armonización, ya que contiene la misma secuencia de contenidos, sin modificar los conceptos; no disminuye las obligaciones de los involucrados ni los derechos de los usuarios (medios de comunicación y ciudadanos).
«Nos encontramos en desacato constitucional. La Legislatura estatal anterior debió armonizar esta Ley que contempla la entrada en vigor el 1º de enero de 2019, y hoy ya exige una observación por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, donde señala que a la brevedad debemos cumplir con esta obligación», puntualizó López Noriega.
La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Comunicación y Enlace Social, mientras que la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Sociedad estudiará la presentada por el diputado Luis Armando Colosio Muñoz, con proyecto de ley para la protección y desarrollo integral del adulto mayor del Estado de Sonora.
Su objetivo es otorgar una protección más amplia y progresiva a los adultos mayores del Estado, que les permita contar con un desarrollo integral que les garantice mejores condiciones de vida, afirmó el legislador, quien recordó que desde la entrada en vigor de la actual Ley en la materia y a más de diez años de expedición de la misma, no ha sido emitido reglamento alguno que permita aterrizar y materializar los alcances de la misma.
Debe precisarse que los derechos y prerrogativas previstos por el ordenamiento legal en comento no contemplan, en el ámbito de su aplicación, una protección a los derechos humanos, sostuvo, en atención a la reforma constitucional de 2011, la cual implica que las disposiciones legales en materia de adultos mayores prevean el respeto a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
“En ese orden de ideas resulta necesaria la implementación de una nueva ley que garantice el respeto y protección a los derechos y desarrollo integral de los adultos mayores en el Estado de Sonora”, aseveró.
En la asamblea se presentaron dos posicionamientos, el primero a cargo del diputado Carlos Navarrete Aguirre, sobre la aprobación de la legalización de vehículos de procedencia extranjera dentro del ejercicio fiscal de la Federación para 2020.
Hizo un llamado a la Cámara de Senadores para que apruebe esta iniciativa y que todos los integrantes del Congreso de la Unión y del Gobierno Federal definan los lineamientos correspondientes para que dicha legalización se lleve a cabo con éxito.
El segundo posicionamiento lo presentó el diputado Luis Armando Alcalá Alcaraz, en representación del grupo parlamentario del PRI, para manifestar su rechazo a la intención de gravar el uso de agua agrícola y pecuario, pues la consideran una medida lesiva para el campo y que además afectará la cadena productiva.
Informó al Pleno que respaldan y apoyan en todos sus términos la propuesta de exhorto de la Cámara de Senadores, a efecto de que en la Ley Federal de Derechos no se modifiquen derechos por el uso, goce o aprovechamiento de aguas nacionales para los sectores agrícola y pecuario, que fue presentada ante esta Soberanía por la titular del Poder Ejecutivo estatal.
La próxima sesión del Pleno se citó para el martes 29 de octubre, a las 10:00 horas.
