Ayer miércoles fue la ley general de víctimas, ahora es el acuerdo
contra la falsificación, conocido como «ACTA» -por sus siglas en
ingles-, que suscribió el Ejecutivo Federal y que la Cámara alta
recomendó no aceptar. Lo cierto es que senadores del PRI, PRD e incluso
PAN, advirtieron que aún cuando el gobierno mexicano firmara el acuerdo,
si el Senado no lo ratifica no es válido ni puede entrar en vigor.
El senador del PRI, Eloy Cantú, presidente del grupo plural para dar
seguimiento a las negociaciones del ‘ACTA’, recordó que en septiembre
del año pasado, por unanimidad, la Cámara alta exhortó al gobierno
federal a no avalar el citado convenio ya que, concluyeron que violenta
garantías fundamentales como la libertad de expresión, tras escuchar las
voces de académicos, especialistas y usuarios.
“No deja de ser una situación, lamentable que sin conocimiento de los
argumentos que lo llevaron porque nunca tuvimos respuesta del Ejecutivo
a los planteamientos señalados, quizá lo que esperamos que se nos
dijera es porque si era viable, pero nunca se hizo eso nunca tuvimos
respuesta del Ejecutivo, la respuesta la tuvimos ayer con la forma del
ACTA”, dijo.
Además, Cantú Segovia, resaltó que los diputados europeos, rechazaron
el acuerdo por argumentos similares a los expuestos por el Senado
mexicano.
Por su parte, el vicecoordinador del PRD en nicho senatorial, Carlos
Sotelo, igualmente lamentó que el gobierno federal suscribiera el
acuerdo, sobre todo enfatizó, después del 1 de julio. Acusó al
presidente Felipe Calderón de «actuar con una mentalidad pequeña y
contraria a los intereses nacionales.
“Y por ser una iniciativa de los monopolios culturales de los Estados
Unidos particularmente, que intentan limitar el acceso a las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación a sectores amplios de
las sociedades en el mundo y de México en particular”, apuntó.
Por su parte, la senadora del PAN e integrante del citado grupo
plural, Beatriz Zavala, subrayó que el presidente Felipe Calderón, está
en su derecho legal de suscribir el acuerdo, pero indicó que en una
relación respetuosa entre poderes no debió firmarlo, ya que enfatizó
atenta contra la privacidad y presunción de inocencia del usuario de
internet.
