Cincuenta toneladas de cartas y paquetes enviados desde todo el mundo yacen olvidados en el aeropuerto de Montevideo por un conflicto sindical en el servicio postal estatal que desde hace un mes impide a miles de uruguayos recibir correspondencia y desde este viernes también enviarla.
La huelga, que no afecta por ahora al servicio interno, comenzó el pasado 6 de julio a raíz de la falta de respuesta del Gobierno a las demandas de la Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay (AFPU), que entre otras cosas exige al Parlamento aprobar una Ley Postal desde hace una década.
Según el presidente de la AFPU, José Mato, con la nueva normativa el sindicato pretende generar «un marco regulatorio» para refundar la empresa y «que sepa quién es quién» en el sector, porque «los correos privados llegan acá y no pagan ninguna tasa», se queja.
«Queremos que paguen una tasa del 10 por ciento» y que ese dinero se destine al Correo Uruguayo, y «queremos que, como pasa en España, haya una franja monopólica en favor nuestro, que hasta 150 gramos (de peso de la carta) lo reparta el correo nacional», advierte.
Aunque siempre pueden recurrir a las compañías multinacionales, buena parte de los cerca de 3,3 millones de ciudadanos del pequeño país suramericano depende aún del Correo Uruguayo para comunicarse por carta con el exterior y, sobre todo, para enviar o recibir paquetes, especialmente por cuestiones de costo.
«Lo que viene mucho es la paquetería, gente que compra por internet o que recibe regalos mucho más que los correos privados, y compañías como DHL lo cobran a veces hasta un 300 por ciento más caro», admitió Mato sobre un fenómeno del que no escapa ningún servicio postal estatal del mundo.
Pese a ello, y a diferencia del protagonista de la novela «El Coronel no tiene quien le escriba», de Gabriel García Márquez, que durante años baja cada viernes a la oficina de correos a buscar la confirmación de una pensión de veterano que nunca llega, algunos ciudadanos han comenzado a buscar alternativas aún a costa de tocarse el bolsillo.
«Ahora mismo quiero mandar un paquete a Estados Unidos y he tenido que ir a una empresa privada porque en correos no están mandando ni recibiendo», dijo una mujer que pretende enviar un paquete a su hijo a Chicago (EU), donde él reside, y que prefiere mantener el anonimato.
Otras medidas que exige la AFPU al Gobierno para levantar su protesta son un incremento de la plantilla y «un adelanto de mil 500 pesos mensuales (unos 70 dólares) por trabajador a cuenta de la reestructura» del servicio prevista en la futura ley, detalla Mato.
