Policía de Arizona va por inmigrantes

Una jueza dictaminó ayer que la Policía de Arizona puede comenzar a aplicar la fracción más dura y polémica de la ley migratoria SB1070 del estado, con lo cual los agentes estarán facultados por primera vez para preguntar cuál es la condición migratoria de las personas detenidas por diversos delitos si sospechan que éstas se encuentran en el país de manera ilegal.

La decisión de la jueza federal Susan Bolton constituye el hito más reciente en una disputa judicial en torno a esta disposición que comenzó hace dos años. La controversia se dirimió con la decisión que emitió en junio la Corte Suprema federal y que ratificó la medida con el argumento de que la misma no entraba en conflicto con la ley federal.

Los detractores de la ley respondieron a la Corte Suprema pidiéndole a Bolton que impidiera la entrada en vigencia de esa fracción con varios argumentos, entre éstos que daría pie a encasillamiento racial sistemático.

Otras secciones menos controvertidas de la ley fueron puestas en marcha desde julio de 2010, como cambios menores a la ley estatal sobre tráfico de inmigrantes de 2005 y la prohibición que restringe aplicar la ley federal de inmigración a las agencias gubernamentales estatales y locales. 

La Ley Arizona se aprobó en 2010 en medio de la frustración de los electores porque el estado tiene el número más alto de ingresos ilegales en el país. Cinco estados –Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah– han aprobado versiones algo distintas a la Ley Arizona.

Pese a la entrada en vigencia de la disposición para preguntar a los detenidos sobre su estado migratorio, algunos partidarios de la ley han puesto en duda el nivel de cooperación que tendrán de los agentes federales de Inmigración, a los que solicitarán que verifiquen la condición migratoria de algunas personas y serán responsables de llevarse a los inmigrantes no autorizados.

Los agentes federales de inmigración han dicho que colaborarán, pero sólo si esto se ajusta a sus prioridades, como la captura de infractores reincidentes y la identificación y captura de quienes amenacen la seguridad pública y la seguridad nacional.

Si los agentes federales se niegan a llevarse a los inmigrantes, los agentes locales posiblemente tendrán que dejar que se marchen a menos que sospechen que están implicados en un delito que obligue encerrarlos en prisión.

Entre los detractores de la ley figuró el gobierno de Barack Obama, cuya impugnación judicial obligó el aplazamiento de la puesta en marcha de las partes más controvertidas de la ley.