El diputado del PRD, Fernando Belauzarán, presentará este día ante el pleno de San Lázaro una iniciativa que pretende los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, los sindicatos, los partidos políticos y cualquier otra entidad federal estén sujetos a hacer pública su información.
“Toda la información en poder de los sujetos obligados deberá ser pública y los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que señala esta ley. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico”, refiere la propuesta.
El legislador considera que los sujetos obligados que contempla la Ley vigente son insuficientes para cumplir con el mandato constitucional que establece que se debe publicar la información completa y actualizada sobre los indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.
“El manejo de los recursos públicos se rige por el principio de transparencia, sin embargo, aún existen diversas entidades que pese a que manejan recursos públicos se rigen bajo un singular y anacrónico principio de la secrecía y se mantienen en un nicho de opacidad absoluta; tal es el caso de los sindicatos y los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión, que operan al margen de las disposiciones constitucionales basados en el argumento de no ser sujetos obligados de la Ley de Transparencia. Esto no solo vulnera el derecho fundamental a la información, también plantea el riesgo de que al interior de estas entidades penetre la corrupción porque al operar sin controles, no existen garantías de que los recursos se ejerzan correctamente”, detalla.
Expone que si bien los partidos políticos no son sujetos obligados de la Ley Federal de Transparencia, éstos cumplen parcialmente con la obligación de rendir cuentas y de entregar un informe sobre el uso y destino de los recursos públicos que reciben para el ejercicio de sus actividades, solo que no lo hacen conforme a los procedimientos del IFAI, sino que lo ejercen a través de las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
“Sin embargo, la información con que cuenta el IFE y sus procedimientos de publicidad no son suficientes para satisfacer plenamente las solicitudes de información de los ciudadanos, por eso es necesario que sin menoscabo de las responsabilidades que tienen los partidos con el IFE, deben convertirse también en sujetos obligados de la Ley Federal de Transparencia”, afirma.
En tanto, explica que los sindicatos son organizaciones de trabajadores conformadas libremente, persiguen objetivos para el beneficio e interés común, se rigen con las normas que aprueban colectivamente y reciben recursos públicos. Por lo tanto, estas organizaciones no pueden autodefinirse como simples asociaciones de particulares que deban gozar de un cerco de impunidad, deben respetar el derecho a la información.
“Si bien la rendición de cuentas de los dirigentes de las organizaciones sindicales debe efectuarse hacia sus representados por conducto de sus procedimientos internos, la rendición de cuentas sobre el uso y destino de los recursos públicos que reciben sí debe ponerse a disposición de todos los ciudadanos, porque finalmente se trata de recursos provenientes del erario público; los sindicatos reciben recursos provenientes de los impuestos que pagan los contribuyentes y por tanto los ciudadanos tienen derecho a corroborar que se haga buen uso de estos recursos”, subraya.
