La violencia no baja en México

 El nuevo Presidente de México, Enrique Peña Nieto, hizo campaña con la promesa de reducir la violencia generada por el narcotráfico y la delincuencia organizada, así como de alejar de cárteles y asesinatos el discurso sobre su nación.

Pero, incluso al tiempo que daba a conocer un programa de prevención la semana pasada y declaraba que era la nueva prioridad del Gobierno, una oleada de destrucción de alto perfil amenazó con socavar su mensaje y elevó la presión para que enfrente más vigorosamente la ilegalidad que plagó a su predecesor.

El estado suroccidental de Guerrero, desde hace mucho ya propenso a estallidos periódicos de violencia, ha terminado siendo un desafío una vez más. Violaciones tumultuarias de varias mujeres han ocurrido dentro y alrededor del desvalido centro turístico de Acapulco, incluido el ataque este mes en contra de un grupo de España que captó titulares periodísticos por todo el mundo, así como una emboscada que mató a nueve oficiales de la Policía Estatal en un paraje montañoso en tierra de nadie. Debido a la frustración de que el Estado no los estaba protegiendo, poblados rurales en Guerrero han empuñado las armas para actuar como la Policía por sí mismos.

Estallaron granadas este mes en otras partes, cerca del Consulado de Estados Unidos en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, durante una batalla entre grupos de la delincuencia mientras 17 integrantes de Kombo Kolombia, banda folclórica en el norte de México, fueron secuestrados y asesinados el mes pasado.

El derramamiento de sangre continuó pese a algunas indicaciones de que la violencia se había estabilizado el año pasado, con base en un informe divulgado el 5 de febrero por el Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego, que analizó una diversidad de estadísticas gubernamentales de homicidios. El gobierno de Peña Nieto también divulgó estadísticas este mes que, dijo, mostraban que los homicidios presuntamente vinculados con la delincuencia organizada habían bajado de diciembre a enero, pero los analistas han cuestionado desde hace largo tiempo atrás el método de compilación de dichos números, dada la falta crónica de investigación penal.

De cualquier forma, el apetito de grupos de la delincuencia por la violencia perturbadora al parecer no ha descendido y presenta un desafío para el presidente. ¿Puede él evitar que lo arrastren al enfoque de puño de hierro de su predecesor y cambiar efectivamente el enfoque de la discusión nacional hacia otras cuestiones, como la economía?

“Ellos están intentando hacer que el Presidente no use el tema de la delincuencia como su prioridad política”, dijo Ana María Salazar, analista de seguridad que trabajó en el Gobierno estadounidense y ahora es anfitriona de un programa de radio aquí. “Pero, al mismo tiempo, todo parece indicar que no están hablando de enfrentar la violencia actual y las organizaciones criminales o que eso vaya a tener algún impacto sobre las mismas”.

Agregó. “No han trazado lo que van a hacer a corto plazo para recuperar territorio mexicano en control de organizaciones de la delincuencia”. Funcionarios del gobierno han pedido paciencia, diciendo que los problemas de México no pueden resolverse de la noche a la mañana.

Además, han dejado en claro que quieren romper con el enfoque del ex presidente Felipe Calderón, quien se apoyó considerablemente en las Fuerzas Armadas y la Policía Federal en contra de grupos de la delincuencia, pero el nuevo gobierno ha asumido una táctica similar en estallidos recientes, incluido el envío de una comitiva de agentes de la Policía Federal a Acapulco tras los ataques allá. 

Prevención no definida

Funcionarios gubernamentales han prometido mayor coordinación entre la Policía Federal y las autoridades del Estado. Los funcionarios están promoviendo el programa de prevención del delito, menos militarista, que fue presentado la semana pasada como uno de los puntos primordiales, con un anuncio personal de Peña Nieto y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informando ampliamente a los reporteros al respecto. El jueves pasado, un subsecretario de Gobernación presentó un lujoso folleto sobre el programa a periodistas extranjeros y respondió a preguntas durante 45 minutos.

“Es claro que debemos darle un énfasis especial a la prevención, ya que no podemos meramente seguir empleando armas más sofisticadas, mejor equipamiento, más policía, mayor presencia de las Fuerzas Armadas en el país como la única forma de combatir a la delincuencia organizada”, dijo Peña Nieto al anunciar el programa en Aguascalientes, uno de los lugares más pacíficos en el país. El programa propone la creación de una comisión entre secretarías que invertiría 19 mil millones de dólares en los próximos años en 250 de las ciudades y poblados más violentos, empezando con los peores. 

El plan concibe días escolares más largos, programas contra adicciones y otros esfuerzos sociales además de proyectos de obra pública, pero los funcionarios dijeron que aún se estaba trabajando en los puntos específicos y serían detallados más adelante.

Eso se parece al plan que Calderón puso en marcha unos cuantos años atrás para Ciudad Juárez, una de las ciudades con mayor derramamiento de sangre en México, pero funcionarios del Gobierno dijeron que si bien ellos estudiaron ese proyecto, creían que su plan difería en ambición y magnitud.

Pocos discuten la necesidad de ese tipo de programas y alternativas a la delincuencia para los jóvenes. Sin embargo, analistas de seguridad responsabilizaron a Calderón por no haber atacado la corrupción mediante la formación tanto de una Policía Municipal y Estatal como de instituciones judiciales transparentes, tarea hercúlea para Peña Nieto, quien tampoco ha dado muchas señales de estarla acometiendo.

“Yo no veo nada en estos tres primeros tres meses que demuestren que él está lanzando un embate en contra de la impunidad”, dijo Edgardo Buscaglia, académico especializado en delincuencia organizada por la Universidad de Columbia, quien ha estudiado por largo tiempo a México y asesorado paneles internacionales.

Animal Político, sitio de política en línea, incluso llegó a publicar una discusión la semana pasada sobre si Acapulco se ha perdido y Guerrero es un estado fallido, y la mayoría de los comentarios apuntaron a instituciones crónicamente débiles allá que el Gobierno aún debe abordar.

“Las autoridades deberían atacar la raíz del problema: la falta de respuesta eficiente de las instituciones para seguridad, investigación e impartición de justicia”, dijo Carlos Heredia Zubieta, director de estudios internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas, grupo de investigadores en Ciudad de México. Algunos expertos vieron el anuncio sobre el programa de prevención de delincuencia, con el reconocimiento de funcionarios del Gobierno de que aún era una obra en progreso, más como un movimiento de relaciones públicas en medio de una ola de violencia que como un plan bien pensado.

“No es un programa”, dijo Alejandro Hope, analista de seguridad y ex agente de los servicios de inteligencia mexicanos. “Son instrucciones genéricas lanzadas desde la estratósfera”.

Peña Nieto ha hecho otras promesas relativas al mejoramiento de la seguridad, incluida la formación de una unidad paramilitar para vigilar las peores áreas de ilegalidad en zonas rurales, pero aún no han anunciado los detalles. 

Hasta ahora, los oficiales estadounidenses se han mantenido en el fondo, dándole tiempo al nuevo presidente para que ponga en orden su equipo antes de evaluar cuán bien trabajarán juntos. Representantes de Peña Nieto dijeron que estaban en conversaciones con oficiales estadounidenses para discutir sobre el uso de una parte de los mil 900 millones de dólares de la Iniciativa Mérida, distintivo plan antidrogas de Washington para la prevención de la delincuencia en Centroamérica. La Embajada de Estados Unidos dijo en una declaración del viernes pasado que apoyaba los programas de prevención del crimen, pero que seguiría discutiendo sobre el financiamiento del Plan Mérida con el nuevo gobierno.

Reflejo de toda la nación

Guerrero presenta un microcosmos de los problemas de la nación en general. Está el típico narcotráfico, ya que el estado es cruzado por tradicionales rutas de transporte para la cocaína proveniente de Sudamérica, en tanto su terreno montañoso permite abundantes puntos para ocultar la producción de marihuana y amapola. Sin embargo, también están activos muchos grupos locales en narcotráfico, extorsión, secuestro y robo dentro y en los alrededores de Acapulco, y con base en las palabras de sus residentes, también se están filtrando hasta los pueblos más pequeños.

“Parte del problema aquí es que se están dando diferentes tipos de violencia, y cada uno requiere de un tipo de respuesta diferente”, destacó Chris Kyle, antropólogo de la Universidad de Alabama que ha estudiado la violencia de Guerrero.