El constitucionalista de la UNAM, José Antonio Calderón Cardoso, destacó que la ciudadanía cuenta con elementos necesarios para exigir que sus representantes cumplan las promesas que realizaron durante sus campañas políticas, ya que se trata de compromisos que jurídicamente se pueden y deben exigir.
El especialista en Derecho Constitucional por la UNAM precisó que en tal sentido se encuentran la gran mayoría de los diputados de la actual legislatura, muchos de los cuales ya solicitaron licencia para buscar nuevas postulaciones políticas, pero sin concluir con los compromisos hechos en su momento hacia la ciudadanía, que incluso, formalizaron ante notario público.
“Con motivo del proceso electoral del 5 de julio de 2009, diversos candidatos a diputados federales, con el fin de obtener el voto ciudadano, acudieron ante notario público para protocolizar una serie de promesas de campaña que, de ganar la elección y convertirse en diputados federales, llevarían a cabo.
“Hoy, a 28 meses de distancia y a poco menos de 8 meses de que esos diputados concluyan su periodo, las promesas de campaña que formularon cuando eran candidatos, al día de hoy, son válidas, están reconocidas por el derecho y, por lo tanto, pueden ser exigidas por los ciudadanos”, explicó el especialista.
Calderón Cardoso sostuvo que en términos técnico-jurídicos, la promesa que hicieron los entonces candidatos ante los fedatarios públicos, de cumplir con determinados actos legislativos una vez que fueran electos diputados federales por el voto popular, se conoce por la doctrina, la ley y la jurisprudencia como “Declaración Unilateral de la Voluntad”.
Esta Declaración, dijo, es la exteriorización de la misma voluntad de querer quedar obligado a realizar determinada prestación, no sólo de cumplir esa prestación, sino de atribuir a determinadas personas la situación de acreedor que las faculta para exigir continuamente el cumplimiento de la obligación contraída.
Precisó que existen diversas bases en el sistema jurídico mexicano que sustentan la obligación que adquirieron los legisladores al promocionarse a través de diversas promesas.
Explicó que dichas bases, se inscriben puntualmente y de manera explícita en la Constitución General de la República (artículo 130), el Código Civil Federal (artículos 1861 y 1862) y en una tesis de jurisprudencia (de 1998) en la que se sostiene que existen una variedad de actos unilaterales de voluntad que expresamente son reconocidos por la ley.
“En tal virtud, queremos dejar en claro que los ciudadanos estamos en aptitud legal de exigir el cumplimiento de tales promesas de campaña, a través de los tribunales correspondientes, en tanto que los legisladores tienen la obligación de responder e informarle a la sociedad en general el avance o cumplimiento de las mismas”, detalló.
