Con el propósito de combatir los delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro, extorsión o amenazas, la cámara de diputados aprobó reformas para que los celulares utilizados para cometer dichos ilícitos puedan ser localizados en tiempo real, además de inhibir el uso de estos equipos en los centros penitenciarios.
El dictamen señala que se impondrá de uno a cinco años de prisión y de mil a diez mil días de multa, a la autoridad que utilice los datos e información relacionados para fines distintos y de 250 a 2 mil 500 días de multa a permisionarios y concesionarios que se rehúsen a colaborar con la autoridad en las investigaciones.
El presidente de la comisión de justicia, Humberto Benítez Treviño, dijo que se trata de inhibir el uso de teléfonos celulares desde el interior de los 429 centros penitenciarios que hay en el país. Señaló que cada día se realizan 6 mil llamadas de extorsión desde el interior de los reclusorios aun cuando su uso está prohibido por el grado de corrupción al interior.
Con 315 votos a favor, seis en contra y siete abstenciones, los diputados avalaron establecer mecanismos legales que obliguen a los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones realicen el bloqueo de los teléfonos celulares reportados como robados o extraviados a fin de evitar que sean utilizados para cometer ilícitos.
La ley establece que los concesionarios y permisionarios deberán garantizar que los equipos de comunicación móvil cuenten con una combinación de teclas que al ser digitadas permitan a los clientes o usuarios enviar señales de auxilio, los centros penitenciarios deberán bloquear o anular las señales de telefonía móvil o radiocomunicación dentro del perímetro de aquellos.
El documento enviado al ejecutivo para su publicación precisa que las señales de auxilio serán enviadas de forma automática a un sistema nacional de atención de emergencias a fin de garantizar la intervención oportuna de las autoridades de la federación, de las entidades federativas o de los municipios.
