La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el recurso legal “Amicus Curiae” (amigo de la Corte) por el caso de la francesa Florence Cassez.
Con dicho recurso, el organismo autónomo podrá colaborar con el máximo tribunal en la resolución de la materia, además, puede proporcionar información del caso, el cual puede consistir en un escrito con una opinión legal, un testimonio no solicitado por parte alguna o un informe en derecho sobre la materia del caso.
Ayer, el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte, propone en su proyecto de amparo directo en revisión 517/2011 Caso Florence Cassez otorgar el amparo y ordenar su inmediata y absoluta libertad, debido a que hubo violaciones al derecho fundamental a la presunción de inocencia; derecho de los detenidos extranjeros a la notificación, contacto y asistencia consular y al derecho de los detenidos a ser puestos a disposición inmediata ante el Ministerio Público.
Por ello, las organizaciones de la sociedad civil Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democraci, i(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en conjunto con la CDHDF, presentaron un Amicus Curiae a la Suprema Corte el 27 de febrero pasado, en el que se expusieron argumentos que demuestran las violaciones a los derechos humanos en el proceso que se le sigue a la ciudadana francesa.
El documento sostiene que la Primera Sala de la SCJN ha sostenido en su jurisprudencia que el derecho a un debido proceso comprende el derecho a no ser juzgado a partir de pruebas obtenidas al margen de las exigencias constitucionales y legales.
El escrito, además, destaca que presentar ante los medios de información, previo a todo juicio, a cualquier persona exhibiéndola como responsable de hechos delictivos, contraviene la presunción de inocencia.
«En el derecho penal forma es fondo, por ello para determinar validamente la responsabilidad de Florence Cassez en los delitos que se le imputan, el respeto al debido proceso y a la generación lícita de las pruebas resulta fundamental. En este sentido el proyecto del Ministro Zaldívar es acorde con los derechos humanos de los acusados, reconocidos en la Constitución de nuestro país, en los tratados internacionales, particularmente en la Convención de Viena sobre relaciones consulares por tratarse de una persona extranjera y en la jurisprudencia más reciente que sobre el debido proceso ha emitido la SCJN» destacó Sergio Méndez Silva, encargado de la Dirección General de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Florence Cassez como ciudadana francesa, no recibió asistencia consular de manera efectiva, ya que la asistencia se le brindó después de su primera declaración, violentando con ello sus derechos establecidos en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
Las Organizaciones fundamentan ante la Suprema Corte, la necesidad de evidenciar las contradicciones de la política internacional que sostiene el Estado Mexicano sobre la asistencia consular, ya que el 9 de enero del 2003, México inició un litigio en contra de los Estados Unidos, ante la Corte Internacional de Justicia, por los procesos contra 50 mexicanos sentenciados a pena de muerte, sin que se respetara su derecho a contar con la asistencia del consulado mexicano.
Sin embargo, en el caso Cassez no existe constancia de haberse respetado ese derecho, lo cual contraviene la Convención de Viena y la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, argumentaron.
Cassez se hace ‘amiga de la Corte’
