La empresa BizJet ya se declaró culpable en EU

 
La Policía Federal (PF) firmó contratos por 47 millones 852 mil 212 pesos, entre 2008 y 2009, con la empresa BizJet International Sales&Support Inc., para la prestación de servicios de instalación de equipos, pruebas operacionales, certificación de sistemas de navegación y mantenimiento integral de helicópteros y jets de la dependencia, según siete contratos en poder de este diario.

Las unidades administrativas encargadas de firmar los contratos con la empresa estadunidense, acusada de sobornar a funcionarios mexicanos para obtener ilegalmente los recursos mencionados, son la Coordinación de Administración y Servicios de la PF, así como la Coordinación de Transportes Aéreos.

Cabe señalar que dos contratos son adjudicados a la Dirección de Adquisiciones de la Policía Federal, de quien no se menciona titular.

Los documentos muestran que la Coordinación de Administración y Servicios de la PF, que dirige Humberto Leonel Guzmán Vázquez, contrató los servicios de BizJet International Sales & Support Inc. por un total de cinco millones 924 mil 800 pesos, mientras que la Coordinación de Transportes Aéreos, que encabeza Eduardo Laris McGregor, lo hizo por 30 millones 125 mil pesos.

La Dirección de Adquisiciones de la PF, según Compranet, realizó contratos en 2009 por 11 millones 802 mil 412 pesos.

Como publicó ayer Excélsior, la empresa BizJet, subsidiaria de Lufthansa Technik AG, está siendo investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, acusada de pagar millonarios sobornos a funcionarios empleados por la Policía Federal de México, de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales de México, de la flota aérea para el gobierno de de Sinaloa, así como de la flota aérea para el gobierno de Sonora y a personal de la Autoridad de Aeronáutica Civil de la República de Panamá.

La compañía, con sede en Tulsa, Oklahoma, se mantendrá bajo investigación por al menos tres años, luego de haber pagado una multa por 11.8 millones de dólares a las autoridades estadunidenses por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior (FCPA, por sus siglas en inglés), reconociendo así la práctica de soborno a funcionarios mexicanos y panameños para obtener contratos y prestar sus servicios de mantenimiento, reparación y certificación de aeronaves.

Vale señalar que según los contratos en poder de Excélsior, dos helicópteros marca Sikorsky, modelo S70A, así como dos aeronaves tipo jet de las marcas Gulfstream y Bombardier, modelos GII y Learjet 45, número de serie 175 y 026 con matrículas se operación XC-PTF y XC-HIE, respectivamente, eran a las que se les prestaba servicio.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró que los funcionarios federales habrían recibido sobornos a cambio de garantizar contratos por más de 20 millones de dólares para proveer servicios de mantenimiento, reparación y revisión general de aeronaves entre 2004 y 2009.

Vale señalar que a pesar de que la vocera de la Presidencia, Alejandra Sota, asegura que se trata de supuestos actos de corrupción, la firma estadunidense ya se declaró culpable y aceptó pagar una multa por incurrir en violaciones previstas en la Ley de Prácticas Corruptas (FCPA) al reconocer que sobornó a funcionarios de dos dependencias federales del gobierno en México.

La vocera presidencial dijo que la investigación se encuentra en curso, por lo que negó dar el nombre de los funcionarios involucrados.

“Como ya lo informó la PGR, la autoridad federal ha dado a conocer el caso. Desde el principio ha estado en colaboración permanente con el gobierno de Estados Unidos para averiguar sobre esta supuesto caso de corrupción, y vamos a seguir informando conforme la investigación avance.”

Indagan a más funcionarios

La vocera de Presidencia, Alejandra Sota, destacó la colaboración con las autoridades de EU

La vocera del gobierno federal, Alejandra Sota, señaló que están trabajando con el gobierno de Estados Unidos en las investigaciones sobre el presunto caso de corrupción de funcionarios de federales y estatales y dijo que no descarta que las investigaciones pudieran alcanzar a más funcionarios públicos que favorecieron a una empresa estadunidense para que diera mantenimiento a aeronaves oficiales.

“Resaltamos que la autoridad federal hemos dado a conocer este caso de inmediato, en el momento que se dio a conocer por parte del Departamento de Justicia y hemos estado en plena y estrecha colaboración a fin de que no exista impunidad, exista una investigación consecuente con la información que se cuenta y vamos a esperar los resultados de esa investigación”, subrayó.

Sota Mirafuentes señaló que por el momento no es posible revelar más detalles sobre las indagatorias que llevan a cabo la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

La vocera federal no se descartó que las investigaciones pudieran alcanzar a más funcionarios públicos, además de los que ya se han mencionado por parte de la PGR.

“Van a hacerse todas las investigaciones que sean necesarias por conducto de la PGR y la SFP, quienes tienen que hacer todas las diligencias correspondientes para asegurarse de que en caso de que se compruebe el caso de corrupción en distintas dependencias se lleve”, explicó.

Igualmente no reveló si los funcionarios involucrados hasta el momento continúan en funciones o fueron destituidos.

El departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una red de corrupción que involucra a la empresa BizJet International Sale Support Inc., quien presuntamente pagó una serie de sobornos a seis funcionarios mexicanos de la Policía Federal y de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, así como de los gobiernos de Sinaloa y Sonora, a cambio de obtener contratos por más de 20 millones de dólares para proveer servicios de mantenimiento, reparación y revisión general de aeronaves entre 2004 y 2009.

A la par de la conferencia de prensa que ofrecía la vocera presidencial, en las instalaciones de la Segob se celebró un encuentro entre funcionarios estadunidenses y el titular de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO), José Cuitláhuac Salinas, para tratar el tema.