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Washington, DC.- El número de familiares de migrantes
detenidos por ingresar ilegalmente a Estados Unidos aumentó 38% en agosto,
según las estadísticas publicadas el miércoles, aumento que los funcionarios de
Seguridad Nacional calificaron como una “crisis”.
Los agentes de la Patrulla Fronteriza arrestaron a casi
13 mil miembros de “unidades familiares” el mes pasado, según los últimos
datos, el más alto registrado en agosto.
El aumento precedió a la decisión del presidente Donald
Trump de rechazar la provisión de su campaña de “tolerancia cero” que separaba
a los niños de sus padres en un intento por impedir la inmigración ilegal.
Los números de migración generalmente se recuperan en
agosto después de una pausa en el verano. En general, la cifra de extranjeros
detenidos o considerados “inadmisibles” en los pasos fronterizos aumentó a 46
mil 560 en agosto, frente a los 40 mil del 11 de julio.
Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional
(DHS), dijeron que la llegada de tantas familias se debió a las restricciones
impuestas por la Corte que limitaron la duración de la detención de niños en
las cárceles de inmigración. El resultado, dijeron los funcionarios, es que los
padres emplean a los niños como una forma de obtener la liberación rápida de la
custodia del gobierno y evitar la deportación.
“Las cifras han seguido aumentando porque es una vía
conocida para llegar a los Estados Unidos y se les permite quedarse”, dijo el
comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin McAleenan, calificando la
tendencia como “una crisis de proporciones significativas, desde una
perspectiva humanitaria y de seguridad”.
Trump ha utilizado las cifras de arresto mensual para
medir el historial de su administración en la aplicación de la ley migratoria.
Con la migración ilegal aumentando nuevamente, el
Presidente ha dejado de pregonar los números como una señal de su éxito,
culpando a los demócratas a los que acusa de obstruir su plan de construir un
muro fronterizo.
Los agentes que trabajan en el sur de Texas describieron
a agosto como un mes ocupado de balsas cruzando el río Bravo y grupos tan
grandes que tuvieron que ser cargados en los autobuses de la Patrulla
Fronteriza.
Las detenciones de familiares migrantes aumentaron en un
porcentaje similar durante el mismo período del año pasado, alcanzando 36% de
julio a agosto de 2017.
Pero los 12 mil 774 familiares detenidos durante agosto,
cifra triplicada con respecto a 2017, se encuentra entre los totales mensuales
más altos registrados.
Además del número de familias detenidas entre los puertos
de entrada oficiales, 3 mil 181 miembros de la familia intentaron ingresar
desde México en los cruces fronterizos de Estados Unidos, generalmente buscando
asilo, de acuerdo con Aduanas y Protección Fronteriza.
Restricciones y ventajas
Casi todos los miembros de la familia que aparecen en la
frontera son del Triángulo Norte de América Central (Guatemala, Honduras y El
Salvador), donde las tasas de homicidios y la pobreza extrema han alimentado la
emigración durante décadas.
Lo que ha cambiado, dicen los funcionarios del DHS, es el
creciente reconocimiento en América Central de las oportunidades que ofrecen
las “fallas legales” aplicables en la Unión Americana.
Las restricciones a la detención de niños dejan al
Gobierno federal sin poder para detener a los padres que están con sus niños,
señalan autoridades.
“Los traficantes de personas y los ilegales comprenden
nuestras leyes de inmigración rotas mejor que la mayoría y saben que si una
unidad familiar ingresa ilegalmente a EU es probable que sean liberados en el
interior”, dijo el vocero de DHS, Tyler Houlton.
“Sabemos que la gran mayoría de las unidades familiares
que han sido liberadas, a pesar de no tener derecho a permanecer en ningún
estado legal, nunca se van a retirar”, dijo Houlton. Según las últimas
estadísticas del DHS, agregó, más del 98% de los miembros de la familia de El
Salvador, Guatemala y Honduras que llegaron entre octubre de 2016 y junio de 2017
todavía están presentes en Estados Unidos.
Por ley, el gobierno puede retener a los niños en
cárceles de inmigración por hasta 20 días. Tal limitación, dicen los oficiales
del DHS, obstaculiza los esfuerzos de cumplimiento y los resultados en un sistema,
llamado Atrapar y liberar, lo que atrae a más y más padres a llevar a los niños
hacia el norte por un camino peligroso dominado por mafias de contrabando.
“Tenemos una población cada vez más vulnerable en manos
de organizaciones delictivas cada vez más violentas”, dijo McAleenan. De
acuerdo con las estimaciones de Aduanas y Protección Fronteriza, el viaje a
Estados Unidos desde Centroamérica cuesta entre 5 mil y 8 mil dólares (hasta
151 mil pesos) dijo, generando 2 mil millones de dólares al año en ganancias
contrabandistas.
Desafíos legales
El DHS está planteando nuevos desafíos legales a las
reglas de detención de menores en un intento por mantener a las familias
durante el tiempo que sea necesario para adjudicar sus apelaciones de asilo u
otras formas de protección humanitaria ofrecidas por el sistema de inmigración
de EU.
También existe la preocupación de que la publicidad
generada por la estrategia de separación de la familia de Trump y su abrupta
reversión haya tenido el efecto involuntario de fomentar más migración.
Los agentes fronterizos que respaldaron la ofensiva de
Trump dicen que los contrabandistas les dicen a los clientes potenciales que su
ventana puede cerrarse si las reglas se vuelven a ajustar.
McAleenan estuvo de acuerdo y dijo que la orden ejecutiva
de Trump posiblemente contribuyó al flujo reforzando “la constatación de que
aún existe una brecha para las unidades familiares”.
Pretextos
Trump ha mencionado tales oleadas de migrantes para
justificar su impulso a un muro fronterizo y en las últimas semanas ha repetido
las amenazas de cerrar el Gobierno federal este otoño si los legisladores no
financian el proyecto.
“Una Administración diferente vería esto como una razón
para cruzar el pasillo y unirse en una solución a largo plazo que tenga algo
para todos, desde el acceso al asilo hasta la seguridad, y aborde por qué los
centroamericanos están huyendo, pero eso no va a suceder”, dijo Adam Isacson,
analista de seguridad de la Oficina de Washington para América Latina, un grupo
de derechos humanos.
“Mi temor es que esta Casa Blanca use el aumento de los
números para para limitar aún más la inmigración legal”, dijo Isacson.
Las cifras de Aduanas y Protección Fronteriza muestran
que el número de inmigrantes menores de 18 años bajo custodia también subió el
mes pasado, y el Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo esta semana que
tenía 12 mil 800 menores en sus refugios, un número récord.
Desvió Trump fondos a centros de detención
El gobierno del presidente Donald Trump desvió cerca de
10 millones de dólares del presupuesto de la Administración Federal de Manejo
de Emergencias (Fema) hacia centros de detención migratoria, denunció un
legislador demócrata. El senador de Oregon, Jeff Merkley, señaló que la
transferencia de recursos fue solicitada por el Departamento de Seguridad
Interna (DHS) al inicio de la temporada de huracanes, que cada año comienza en
julio.
“Este es un escándalo, justo cuando los ciudadanos de
Puerto Rico y las Islas Vírgenes están sufriendo por los insuficientes
esfuerzos de recuperación de Fema”, sostuvo. Merkley lamentó que los casi 10
millones de dólares para la emergencia por desastres naturales hayan sido en
cambio usados para implementar la polémica política de “tolerancia cero” de
Trump.
El documento hecho público muestra que los 9.8 millones
de dólares estaban etiquetados para gastos de viaje y el DHS niega que hayan
sido desviados de los fondos para ayuda por desastres. El presupuesto de FEMA
es de más de mil millones de dólares anuales.
Con información de Reforma, The Washington Post y Notimex
