CIUDAD DE MÉXICO.
Cada uno de los 255 diputados federales de Morena donará
poco menos de 6 mil pesos para costear la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto
Internacional de México (NAIM), informó Mario Delgado, coordinador de la
bancada.
Tras un encuentro entre legisladores de Morena y Jesús
Ramírez, vocero del presidente electo, Delgado aseguró que las aportaciones se
harán “sin presiones y de manera voluntaria”, por lo que informarán quién
aportó y cuánto.
Aclaró que la consulta, cuyo costo se calcula en 1.5
millones de pesos, se pagará del bolsillo de los legisladores de su partido,
incluidos los senadores, ya que el gobierno electo no tiene recursos
disponibles para llevarla a cabo.
Jesús Ramírez dijo que darán a conocer una cuenta bancaria
para que los ciudadanos que lo deseen también
ayuden a financiar la consulta.
Por separado, Ricardo Monreal, líder de la bancada de
Morena en el Senado, indicó que, hasta la mañana de ayer, a ellos no les habían
preguntado si están dispuestos a aportar para cubrir los gastos de la consulta.
“Si lo hubieran hecho no habría ningún inconveniente. No
he recibido ninguna solicitud de respaldo, ni individual ni como coordinador
del grupo”, recalcó en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio.
Los Pinos “migran” hacia Chapultepec
Proyecto de ley plantea cancelar cualquier tipo de pensión creada en
beneficio de los expresidentes.
Para reglamentar los 50 lineamientos para combatir la
corrupción y aplicar una política de austeridad republicana planteados por el
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, Morena, en la Cámara de
Diputados, presentará la iniciativa de Ley Federal de Austeridad, en la que se
establece la reducción de sueldos y prestaciones a funcionarios públicos,
jornadas laborales de lunes a sábado para empleados de confianza y anula
pensiones y todos los apoyos para expresidentes de la República.
También elimina el uso habitacional de la Residencia
Oficial de Los Pinos para integrarla al complejo del Bosque de Chapultepec y
convertirlo en espacio público para ser utilizado como centro de arte y
cultura.
Para los expresidentes de la República cancela cualquier
otro tipo de pensión creada para su beneficio, así como la asignación de
servidores públicos, personal civil o de las Fuerzas Armadas a su servicio,
“cuyos costos sean cubiertos con recursos del Estado”, además de bienes muebles
o inmuebles que estén a su disposición y formen parte del patrimonio federal.
En la propuesta, cuya copia tiene Excélsior, se prohíbe a
funcionarios “cerrar calles, detener el tráfico, no respetar los semáforos o
estacionarse en lugares prohibidos” y los mandata a “brindar en todo momento un
trato expedito, digno, respetuoso y amable a los ciudadanos que requieran sus
servicios”, asimismo, les prohíbe recibir pagos, regalos, dádivas, viajes o
servicios que beneficie a su persona o sus familiares hasta el cuarto grado por
consanguinidad o afinidad.
También precisa que los poderes Legislativo y Judicial,
así como los órganos constitucionales autónomos, serán sujetos a las nuevas
normativas de austeridad que limita a tres asesores por dependencia, cancela
plazas con nivel de “Dirección General Adjunta”, creadas desde 2001, y prohíbe
la contratación de servicios de consultorías, asesorías y despachos externos.
Además, se limita la contratación de personal por
honorarios, la cual no podrá ser mayor al 10% del gasto destinado al personal
de estructura de los entes públicos, limita la asignación de chofer
exclusivamente a los secretarios y subsecretarios y acota que los
representantes gremiales en las organizaciones de empleadores y sindicatos
ocuparán cargos honoríficos, por lo que no recibirán remuneración.
La propuesta instaura la centralización de Comunicación
Social e Informática y Tecnologías de la Información en la oficina de la
Presidencia de la República; la defensa y protección de los derechos humanos,
en la Secretaría de Gobernación; política y normatividad en materia de
ingresos, en el Servicio de Administración Tributaria (SAT); así como compras
públicas y contrataciones, en la Secretaría de Hacienda, entre otras.
En este sentido, agrega que las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal sólo podrán tener oficinas de
representación en el extranjero con la autorización conjunta de la SHCP y de
Relaciones Exteriores.
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