El activista Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos
de la Montaña Tlachinollan, informó que saldrá del país en breve debido a
las amenazas de muerte que ha recibido por su labor en favor de los
derechos humanos.
En entrevista, Rosales Sierra responsabilizó al gobierno de Guerrero
de lo que pudiera pasarle a él y a su familia y comentó que viajará a
Washington, Estados Unidos.
El activista recordó la reciente amenaza que sufrió cuando acudió al
Centro de Derechos Humanos en Guerrero, por su acompañamiento a Inés
Fernández Ortega y a Valentina Rosendo Cantú, mujeres del pueblo Me
Phaa, quienes fueron agredidas por soldados en 2002.
Señaló que también lo han cuestionado por su labor en apoyo del
Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP),
en resistencia en la zona rural de Acapulco para evitar la puesta en
marcha de un proyecto hidroeléctrico de gran escala.
“Las amenazas a mi persona empezaron desde 2009 a raíz de la defensa
que encabezamos para que se hiciera justicia por el asesinato y
ejecución extrajudicial de los indígenas que fueron torturados”, narró
durante la presentación del Informe 2012 de Amnistía Internacional, “El
estado de los derechos humanos en el mundo”.
El abogado es el segundo activista que se ve obligado a salir del
país en este mes, luego de que el 21 de mayo lo hiciera el sacerdote
Alejandro Solalinde, fundador del Albergue Hermanos en el Camino, quien
también recibió amenazas por su labor en favor de los migrantes.
La víspera, organismos no gubernamentales de derechos humanos
nacionales e internacionales exigieron seguridad para el activista y
demandaron al Estado mexicano, al gobierno federal y a las autoridades
locales protección y una investigación sobre esos hechos.
El activista de Tlachinollan recibirá apoyo en Washington de Amnistía
Internacional y del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos John
F. Kennedy.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se unió a
la solicitud de los organismos nacionales e internacionales para
garantizar la vida de Rosales Sierra, quien es beneficiado con medidas
provisionales decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH).
En un comunicado, se unió a la demanda de un centenar de organismos
para que las autoridades estatales y federales implementen “de manera
inmediata y urgente, las medidas de protección solicitadas a fin de
garantizar la seguridad e integridad del defensor, de su familia, así
como la de equipo que conforma Tlachinollan”.
