En acciones a favor de la protección de la integridad
física de las mujeres y de la correcta gestión de los residuos para conseguir
un verdadero desarrollo sostenible se traducirán las modificaciones aprobadas
este día en sesión del Pleno, relativas a las leyes de Acceso de las mujeres a
una vida libre de violencia y de Educación para el Estado de Sonora.
Se trata de los decretos presentados por las comisiones
para la Igualdad de Género y de Educación y Cultura, ésta en conjunto con la de
Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático, los cuales se aprobaron por
unanimidad, el primero para ampliar la duración máxima de las órdenes de
emergencia hasta un término de 60 días y el segundo permitirá fortalecer la
cultura del reciclaje en alumnos, maestros y padres de familias de las escuelas
públicas y privadas del Estado.
En esta sesión ordinaria también se aprobaron cinco
acuerdos con exhortos dirigidos a autoridades federales y estatales sobre
temáticas del Fondo Minero, salud, educación, bienes inmuebles del Estado y
para eliminar la tarifa Doméstica de Alto Consumo, DAC.
Además se presentaron dos proyectos de nuevas leyes: de
prevención de delitos cibernéticos y de responsabilidad ambiental del Estado de
Sonora, así como dos proyectos de decreto para modificar las leyes de Hacienda
Municipal y de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas.
La diputada Yumiko Yerania Palomarez Herrera dio lectura al
dictamen que con base a la iniciativa que presentó el pasado 19 de febrero,
establece ampliar la duración máxima de las órdenes de emergencia hasta un
término de 60 días, con una prórroga de hasta 30 días más, con el fin de
brindar mayor protección a la integridad física de las mujeres que se ven
amenazadas principalmente por hombres y que se encuentran en un alto grado de
vulnerabilidad.
El Decreto contiene la adición de un Artículo 36 BIS a la Ley de Acceso de las mujeres a una vida
libre de violencia para el Estado de Sonora, cuyo propósito es que las
sanciones sean arresto hasta por 36 horas y sanción económica, consistente en
multa de 100 a 150 Unidades de Medida y Actualización, para aquellas personas
que caigan en desacato de las órdenes de protección de emergencia.
Mediante la adición de un Artículo 40 BIS se establece el
supuesto para, en caso de negativa a brindar las órdenes de protección de
emergencia y preventivas, dicha acción será considerada violencia
institucional, en los términos de esta norma. La Comisión para la Igualdad de
Género consideró que con estas modificaciones se abonará a generar mayor
protección de la integridad física y emocional, así como de los derechos mismos
de las mujeres.
El segundo Decreto aprobado por el Pleno reforma y adiciona
diversas disposiciones del Artículo 24 de la Ley de Educación para el Estado de
Sonora, a fin de sensibilizar a la sociedad sobre la correcta gestión de los
residuos, pues es un requisito imprescindible y prioritario para poder
conseguir un verdadero desarrollo sostenible.
Se pretende cambiar la visión de los residuos como basura e
inservibles, para considerarlos como recursos que pueden ser reutilizados y
aprovechados como nuevos materiales o valorizados energéticamente, para lo cual
el Decreto establece incluir, como parte de la competencia de la SEC, el
fomento a la cultura de protección al medio ambiente, dio a conocer el diputado
Francisco Javier Duarte Flores, quien en conjunto con el diputado Fermín
Trujillo Fuentes, presentaron la iniciativa al Pleno el pasado 12 de febrero.
Mediante actividades coordinadas con la Comisión de
Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado se harán acciones para la
separación de basura para reciclaje en las escuelas públicas y privadas de los
niveles preescolar, primaria, secundaria y media superior, dejando a la
administración de la escuela el manejo de los recursos económicos que se
obtengan por la venta de residuos para el reciclaje, de manera que sean
aplicados al mantenimiento o mejora del plantel respectivo.
Acuerdos
En el desarrollo de la sesión ordinaria, el diputado Martín
Matrecitos Flores presentó un punto de Acuerdo mediante el cual este Poder
Legislativo resuelve exhortar al titular de la Auditoría Superior de la
Federación, para que ordene la realización de una auditoría a los municipios de
Sonora que reciben, de conformidad a la Ley Federal de Derechos, recursos del
denominado Fondo Minero y, una vez concluida la misma, informe a este Congreso
el resultado.
“Es necesario contar con información precisa sobre el destino
del recurso que cada municipio minero ha recibido. Queremos constatar que cada
peso que se les ha dado se haya aplicado en obras de infraestructura, por lo
que resulta de mucha importancia que el resultado de esa auditoría sea
entregado a este Congreso para aclarar muchas de las dudas que existen en el
Estado”, aseveró.
Enseguida la diputada Marcia Lorena Camarena Moncada
presentó el Acuerdo que resuelve exhortar a los titulares de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente, de la Procuraduría Ambiental del Estado y al
Secretario de Salud Pública estatal, a efecto de que lleven a cabo acciones de
investigación y reforzamiento de tratamiento de residuos peligrosos de
hospitales.
Además de los generados por productores agrícolas,
relacionados con el tratamiento de desechos y contaminación ambiental que se
origina en basureros municipales de las comunidades de Benito Juárez, Etchojoa,
Navojoa y Huatabampo, Sonora, expuso, en virtud de que esto trae como
consecuencia riesgos en la salud de sus habitantes, por lo que hizo un llamado
urgente para que actúen las dependencias mencionadas.
Agregó que en días pasados, la Presidenta Municipal de
Benito Juárez denunció que un hospital del municipio de Cajeme y productores
agrícolas de la región ha convertido el basurero municipal en un basurero
tóxico, sin mediar ningún tratamiento o cuidado de desechos que ahí se
depositan.
El tercer Acuerdo aprobado por la asamblea resuelve
exhortar a los titulares de la Secretaría de Educación y Cultura, y de la
Secretaría de Educación Pública, para que se coordinen a fin de implementar un
programa piloto en el distrito 13 con cabecera en el municipio de Guaymas,
Sonora, en el cual se utilicen herramientas tecnológicas, como tabletas y
computadoras personales en la educación primaria.
El diputado Rodolfo Lizárraga Arellano presentó la
iniciativa bajo el considerando de que a lo largo de los años, los libros de
texto han sido de gran ayuda para instruir a las y los mexicanos, pero es
necesario, dijo, que para educar a las siguientes generaciones se utilicen las
nuevas tecnologías.
En contra de suplir el libro de texto gratuito, porque ha
sido una gran herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el diputado
Francisco Javier Duarte Flores se pronunció más que nada por subir la calidad
de las tecnologías en la educación, la cual ha sido bien planteada a través de
programas de multimedia, aulas de medios y la asignación de tabletas, postura
en la que coincidió la diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada.
Por mayoría del Pleno fue aprobado el Acuerdo que resuelve
exhortar a la titular del Poder Ejecutivo estatal y al Secretario de Hacienda
del Estado, a efecto de que no se pongan a la venta los bienes públicos como
los estadios de béisbol Héctor Espino, en Hermosillo y Tomás Oroz Gaytán, en
Cajeme, así como el parque recreativo La Sauceda, de esta capital.
La diputada María Dolores Del Río Sánchez recordó que hace
meses se retomó por parte del Gobierno del Estado la posible venta de dichos
bienes inmuebles como parte de una solución a los problemas financieros que
tiene el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado de Sonora, ISSSTESON, lo que significaría, sostuvo, solucionar males
públicos con bienes públicos.
“Contrario a lo anterior, debemos fomentar nuestra cultura
incentivando el desarrollo de espacios públicos deportivos y artísticos, protegiendo
nuestros tesoros culturales que consolidan y refuerzan nuestra identidad
sonorense”, expresó.
Sobre este tema hicieron comentarios los diputados Luis
Armando Alcalá Alcaraz, Jesús Alonso Montes Piña, Carlos Navarrete Aguirre,
Filemón Ortega Quintos, Eduardo Urbina Lucero y Fermín Trujillo Fuentes.
Como se acordó el pasado 11 de abril, en esta sesión se le
dio segunda lectura al dictamen presentado por la Comisión de Energía, Medio
Ambiente y Cambio Climático, con Acuerdo que resuelve exhortar a la Cámara de
Diputados, a la Secretaría de Energía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, para que eliminen la tarifa Doméstica de Alto Consumo, DAC.
En el Acuerdo, que en su primera presentación no obtuvo las
dos terceras partes de los votos para ser considerado de urgente y obvia
resolución, también se solicita que la facturación que realiza la Comisión
Federal de Electricidad sea mensual y que el subsidio otorgado se extienda
durante todo el año. En esta ocasión el Acuerdo se aprobó por mayoría.
Iniciativas a comisiones
En esta sesión ordinaria, los diputados Jorge Villaescusa
Aguayo y Luis Mario Rivera Aguilar, presentaron iniciativas con proyectos de
ley de prevención de delitos cibernéticos para el Estado de Sonora y de
responsabilidad ambiental del Estado de Sonora, respectivamente.
Villaescusa Aguayo expuso que Sonora es la entidad
federativa con más acceso a Internet, ya que el 83 por ciento de su población
dispone de ese servicio, lo que demuestra la necesidad de establecer
regulaciones para también ser pionera en legislar en esa materia, de manera que
la propuesta va enfocada al trabajo transversal entre los distintos niveles de
gobierno y la sociedad en general.
Agregó que no existe un registro oficial del número de
casos o de víctimas de ciberdelitos, lo que hace difícil que se puedan
combatir, sin embargo, dijo, al contar con un marco legal como herramienta de
combate, las instituciones podrán llevar a cabo acciones de prevención y
erradicación de conductas delictivas que se realizan a través del ciberespacio.
La iniciativa con proyecto de ley, que se turnó para
estudio a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, consta de 28 artículos y
los siguientes capítulos: Disposiciones generales; Del consejo estatal de
prevención de delitos cibernéticos; De los consejos regionales de prevención de
delitos cibernéticos; De la coordinación de programas institucionales; De la
asesoría y capacitación; De la evaluación de resultados; De la participación
ciudadana; De las sanciones; y Disposiciones complementarias.
La segunda iniciativa con proyecto de ley tiene como
propósito instrumentar en la entidad un marco legal que genere un sistema de
responsabilidad ambiental bajo un modelo que considere las dimensiones
económica, social y ambiental, dio a conocer el diputado Luis Mario Rivera
Aguilar.
Agregó que durante este mes, en el cual se celebra a la
Tierra, es lamentable que no exista quién se haya hecho responsable de los
daños ocasionados al ambiente, de su compensación o sanción a los responsables
como factor inhibidor de dichas prácticas, mucho menos de la reparación del
daño, a pesar de que en muchos casos se ha demostrado o se presume válidamente
que obraron ilícitamente o con mala fe.
“Esto sucede porque en nuestra entidad federativa no existe
un andamiaje jurídico que lo haga exigible a través de procesos
jurisdiccionales o mecanismos alternativos de solución de controversias para la
reparación y sanción de los daños ocasionados al medio ambiente”, externó.
La Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático
estudiará esta iniciativa, la cual consta de 52 artículos divididos en los
siguientes capítulos: Disposiciones generales; Obligaciones derivadas de los
daños ocasionados al ambiente; Obligaciones derivadas de los daños a la salud y
a la integridad de las personas como consecuencia de daños ambientales
causados; Acciones y juicio; Fondo de responsabilidad ambiental; y Mecanismos
alternativos de solución de controversias.
La Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales estudiará
una iniciativa presentada por el diputado Miguel Ángel Chaira Ortiz, con
proyecto de decreto que adiciona dos párrafos a la fracción II del Artículo 55
de la Ley de Hacienda Municipal.
Propuso que toda persona o empresa que extraiga productos
de campos agrícolas, ejidos o comunidades agrarias, debe ser obligada a exhibir
documentación ante autoridades fiscales para definir el Impuesto Predial Ejidal
a pagar, ya que los municipios cuentan con el derecho fundamental de contar con
ese ingreso y compartirlo con los núcleos agrarios dentro de su jurisdicción
municipal.
Se trata, indicó, de un acto justo y equitativo, en virtud
de que los ejidos y comunidades son propietarios de miles de extensiones de
tierra.
Y a la Comisión de Obras Públicas se turnó para estudio una
iniciativa presentada por el diputado Luis Armando Alcalá Alcaraz, con proyecto
de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de
Obras y Servicios Relacionados con las Mismas.
El legislador explicó ante el Pleno que su propuesta es que
se financie la elaboración de proyectos ejecutivos de obra pública entre 4 y 10
por ciento del gasto de inversión, ya que de esta manera se promoverá el
crecimiento económico, se elevaría el bienestar y la calidad de vida de los
ciudadanos, se combatiría la pobreza y la marginación, además de fomentar la
competitividad.
“Con esto se podrá realizar una mejor planeación, se
conseguirá realizar obras más baratas, se logrará atraer mayores recursos para
la ejecución de obras públicas y además se reducirá la necesidad de estar
modificando contratos de obras o servicios mediante la celebración de convenios
adicionales al momento de la ejecución”, afirmó.
Este miércoles 24 de abril, a las 10:00 horas, el Pleno
celebrará una sesión ordinaria.
