Por
Rodrigo Sotelo / Twitter: @masmedio
La Procuraduría General de la República vuelve a
confirmar que, pese al riesgo explícito, ser servidor público deshonesto es una
decisión tan generosa y conveniente que produce los mismos beneficios o
recursos que luego sirven a la inmunidad.
Ser funcionario corrupto es indudablemente rentable; nuestra
historia política y los eventos recientes así lo han registrado, constatado.
Ser corrupto es tan redituable, que puedes intentar
sobornar a quien te detiene descubierto y se te otorga una alternativa jurídica
aún más económica, y formal.
Acumular dinero ilícito desde un espacio de gobierno, permite
libertad, protege garantías y es sinónimo de impunidad.
Este sinsentido irritante obedece a la perversidad
procesal que tutela nuestro viciado sistema de (in)justicia al que naturalmente
recurre todo prominente político señalado por inmoral e indecente.
Es un juego de simulación en donde quien juzga y
sentencia, lo hace pensando en el futuro propio y el de sus similares. “Los carniceros de hoy serán las reses de
mañana”, parece ser la lógica.
El caso que mejor ilustra es el de Guillermo Padrés
Elías, el gobernador que en su momento fue malo para muchas cosas, pero que en
su nueva circunstancia es ciertamente más apto que quienes lo persiguen.
Igual ocurre con Héctor Ortiz Ciscomani, ex secretario de
Agricultura de la administración anterior panista.
A este ex funcionario cuando menos lo aprehendieron y
exhibieron –aunque ya está en casa-, “castigo”
que no ha llegado para Roberto y Luis Felipe Romero, Bernardo Campillo, Carlos
Villalobos, Ramón Guzmán y muchos otros que “nos han servido”.
Todo en base a la rentabilidad que produce la corrupción,
y ayudados por el desinterés e incompetencia de la parte que acusa y procura
sancionar, precisamente, a los que probadamente abusaron de un cargo público.
Ayer, la Subprocuraduría de Control Regional,
Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), en su Delegación Estatal en Sonora,
aportó los elementos de prueba necesarios
para vincular a proceso a Francisco
Monge Araiza.
Así se llama el “Francisco
M” que refiere la PGR como ex Coordinador del Consejo Estatal de
Concertación para la Obra Pública, de la administración pasada.
Del caso de Pancho
Platas –como se le conoce a este ex funcionario padrecista-, se presume que se acreditó su legal detención y que se
le impuso una medida cautelar económica de 2.5 millones de pesos.
Días antes (luego de capturarlo), esta misma procuraduría
federal había informado que Francisco Monge ofreció un soborno de 3 millones de
pesos. Es decir, Pancho Platas se
ahorró medio millón.
También se detalla que el ex Coordinador de Cecop no
podrá salir de Hermosillo, se deberá presentar ante la autoridad cada 15 días,
señalar cuentas bancarias y entregar visa y pasaporte al centro de justicia.
Lo que ya no se dice o buscan se sobreentienda, es que al
final lo dejaron en libertad no importando que este personaje sea todo un
monumento a lo mal habido.
Se impuso la constante en esta fallida cruzada anticorrupción.
Lo más triste: el hecho se presenta como logro y no como
un agravio que lastima aún más la credibilidad de las instituciones.
Ahora
es “seguridad ciudadana”
Ayer nos enteramos que el Secretario de Seguridad
Pública, Adolfo García Morales, se reunió con empresariales de Guaymas, a
quienes presentó el programa Escudo
Ciudadano y el proyecto para vigilancia e inteligencia, C5i.
García Morales explicó estos esquemas como parte de las
medidas que su dependencia ha emprendido para fomentar la participación
ciudadana en materia de Seguridad.
Ante los representantes de organismos empresariales del
flagelado puerto, el secretario García Morales insistió en la necesidad de que
la población se integre a las tareas de vigilancia y prevención de delitos.
La tesis, es que se combate mejor a la delincuencia a
través de la educación tanto en planteles escolares como en el hogar.
“El tema ya no es
de seguridad pública sino de seguridad ciudadana; si vemos los datos y la
estadística nos va sorprender cuál es el origen principal que genera
delincuencia y qué es lo que tenemos que hacer…”
Disminuir la incidencia delictiva –que resulta lo
urgente-, al tiempo en que se ataca lo que la ocasiona.
Con el Secretario García Morales podemos diferir en
resultados, pero compartimos que el fondo del problema está en la educación.
También es fruto de impunidad y desigualdad,
agregaríamos.
Javalor sí lo asesora
Por cierto, en el encuentro estuvo presente el siempre adusto
del alcalde Lorenzo de Cima Dworak.
Lorenzo reconoció el respaldo recibido por parte del
Gobierno del Estado para atender los acontecimientos del pasado jueves y la
voluntad para integrar a todos los municipios en los programas de prevención.
La declaración del panista es sobresaliente por legitimadora,
pues tal vez la estatal sea la única instancia de la que no se ha quejado el
Presidente de Guaymas.
Por esa sinceridad o neutralidad pública para el
particular, podríamos creer que no lo asesora el padrecista Javier Alcaraz Ortega.
Pero lo cierto es que el
odioso de Javalor sí encontró
en la misericordiosa Guaymas su única alternativa de subsistencia.
Parafraseando al más vago
de sus sobrinos: Ojalá el señor Alcaraz archive sus fobias mediáticas y realmente
ayude al gobierno que ahora lo contrata.
Le
presta más atención a los que se fueron que a los que llegaron, y eso está mal.
Gracias y hasta la próxima con el favor de Dios.
Rodrigo
Sotelo Mendívil
Director
General Masmedio
Correo: rodrigosotelo69@hotmail.com
Twitter:
@masmedio
