Desde que Pedro Castillo fue elegido presidente como candidato de un partido de izquierda tras derrotar por ajustado margen a Keiko Fujimori, la tensión entre el gobierno y el Congreso dominan la política nacional.
El fujimorismo mantiene una oposición frontal a Castillo y con otras fuerzas de corte conservador plantea un pulso permanente en el Congreso, donde el gobierno se ve obligado a permanentes negociaciones para forjar las precarias alianzas que le permiten sobrevivir. Sin una mayoría estable, Castillo ya ha enfrentado dos intentos de vacancia.
Pero hay algo en lo que una mayoría sí se pone de acuerdo en el Congreso de Perú: los modificaciones legales sobre educación y familia que, según algunos expertos, están llevando a una «ola ultraconservadora» en el país.
Natalia González, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, le dijo a BBC Mundo que «pese a la polarización existente, hay una sorprendente similitud en el pensamiento tan conservador sobre temas como la familia y la mujer entre el presidente Castillo y la oposición en el Congreso».
Según la experta, en los últimos meses se ha producido «una avalancha de normas que responden a una agenda ultraconservadora que hace retroceder la igualdad y pone en peligro los avances en políticas públicas conseguidos en los últimos años».
Del Ministerio de la Mujer al Ministerio de la Familia
Una comisión parlamentaria aprobó el 5 de julio un proyecto de ley para cambiarle el nombre al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que pasaría a llamarse de Familia y Poblaciones Vulnerables.
Los congresistas que promueven el cambio señalan que no es solo la mujer la que necesita protección y la que sufre abusos en la sociedad.
«Ciertamente, las mujeres violentadas son un grupo vulnerable en nuestro país que merece políticas públicas que las protejan; pero también los niños en estado de abandono y los adultos mayores en el mismo estado de abandono necesitan de políticas públicas que inciden en su protección», señala la moción que firmaron.
La norma, aún pendiente de aprobación definitiva, ha hecho saltar las alarmas de organizaciones civiles y organismos internacionales.
La representación de Naciones Unidas en Perú emitió un comunicado en el que mostró su «preocupación» por el «retroceso» que implicaría tal cambio de denominación.
Según el comunicado, «eliminar la referencia a la mujer y sustituirla por familia reforzaría la valoración exclusiva de las mujeres por su rol reproductivo e invisibilizaría la persistente discriminación y desigualdad estructural contra las mujeres y niñas» en Perú.
También la actual ministra de Mujer, Diana Miloslavich, se ha manifestado en contra del cambio. «Somos las mujeres las más afectadas por la pandemia y a eso se suman las múltiples desigualdades estructurales», recordó.
Pero que la ministra se oponga no garantiza que el cambio no vaya a ser finalmente aprobado ni tampoco sería la primera vez que hay contradicciones en los gabinetes de Castillo.
El proyecto deberá ser sometido a votación en el pleno del Congreso. Si sale adelante, el gobierno podría «observar» la ley, como se conoce en Perú el procedimiento por el que el Ejecutivo puede plantear objeciones a las leyes aprobadas y devolverlas al Legislativo.
Castillo aún no se ha pronunciado, pero la bancada de Perú Libre, el partido por el que fue candidato y cuyos votos necesita, dejó clara su postura en un comunicado al afirmar que «la protección de la familia es un pilar fundamental» y que «los derechos de las mujeres peruanas se deben garantizar dentro de la familia como célula básica de la sociedad».
Una ley contra la «ideología de género»
La ley 31498, aprobada el 23 de junio, «impulsa la calidad de las materias y recursos educativos en el Perú».
Pese a su denominación oficial, la norma ha causado polémica por ser una vieja demanda del colectivo conocido como «Con mis hijos no te metas», un grupo vinculado a sectores religiosos opuesto a la enseñanza de lo que denomina «ideología de género» en la escuela.
Alejandro Muñante, exportavoz del colectivo y hoy uno de los congresistas del partido Renovación Popular, que promovió la norma, le dijo a BBC Mundo que el objetivo es «que no exista una educación que de una u otra manera oriente al niño a adoptar ciertas conductas que para los padres pueden ser nocivas para sus hijos, como la que tiene que ver con las relaciones anales».
Muñante cree que «desde 2017 se ha venido imponiendo en Perú el enfoque de género de manera inconsulta» y celebra que la ley aprobada «crea el mecanismo de participación de los padres en la formulación de los contenidos educativos» al establecer que las organizaciones de padres tendrán derecho de veto sobre los manuales y materiales escolares que consideren inapropiados.
Los profesores que desoigan ese veto podrán ser sancionados e incluso perder su trabajo.
Susana Chávez, directora de la ONG Promsex, considera que la ley «es altamente peligrosa, ya que tiene como objetivo sacar del currículo todo el tema de la igualdad y la diversidad sexual», lo que podría agravar el problema de la homofobia en las aulas peruanas.
También Amnistía Internacional se pronunció en contra de una ley que «pretende otorgar a determinados grupos de padres y madres de familia la facultad de aprobar o rechazar a discreción materiales educativos, dejando la puerta abierta a que se incorporen dimensiones religiosas y morales en su elaboración».
Eso «limitaría la implementación de la educación sexual integral y la educación con enfoque de género, imprescindibles para prevenir la violencia de género y avanzar hacia una educación basada en la igualdad».
El gobierno de Castillo no puso objeciones a la ley. El Ministerio de Educación no respondió a una solicitud de comentarios de BBC Mundo.
La tenencia compartida de los niños como norma
El Congreso también aprobó por abrumadora mayoría el 8 de abril la reforma de la ley que regula la tenencia compartida de los menores en Perú.
La nueva norma establece que en caso de separación ambos progenitores puedan pasar el mismo tiempo y tener los mismos derechos sobre la educación de los menores, salvo en los casos en que un juez dictamine lo contrario.
El problema, según los detractores de la norma, es que abre la puerta a que hombres denunciados o condenados por violencia doméstica mantengan su control sobre el núcleo familiar incluso cuando las mujeres se han resuelto a romper su relación.
La ONG Save The Children aseguró en un comunicado que la ley «no contempla la grave situación de violencia dentro de los hogares, principalmente contra mujeres, niñas, niños y adolescentes».
Según las cifras de esta organización, solo entre enero y febrero de 2022, se registraron más de 24.000 casos de agresiones intrafamiliares, incluyendo violencia física (40%), psicológica (45,5%) y sexual (14%).
El congresista Muñante cree que las objeciones que la ley ha suscitado obedecen a «prejuicios ideológicos» y afirma que la nueva norma permite que el juez de familia anule la tenencia compartida cuando exista peligro para el menor.
¿Cambios en el aborto?
Otras iniciativas aún en trámite en el Congreso han suscitado preocupación.
En la Comisión de Justicia aguarda a ser debatido un proyecto de ley presentado por Renovación Popular que «reconoce derechos al concebido» y que, según sus críticos, pretende colocar a la mujer y al embrión en pie de igualdad desde el mismo momento de la fecundación.
De aprobarse, implicaría un mayor endurecimiento del acceso al aborto en Perú, donde solo está permitido en los casos en que la mujer corra peligro de muerte o de que sufra un «mal grave y permanente» si no interrumpe el embarazo.
El gobierno podría observar la ley, si se aprueba, y presentar objeciones, pero es difícil que ocurra ya que Castillo en la campaña se declaró en contra del aborto, la eutanasia y el matrimonio no heterosexual.
Pero lo que ocurra en el Congreso entonces dependerá, según la analista Natalia González, «del momento político y de cuántos votos necesite el presidente para sostenerse».
