El gobierno del presidente Raúl Castro anunció la eliminación del impopular permiso oficial que desde hace medio siglo necesitan los cubanos para viajar al exterior, como parte de una esperada reforma migratoria que comenzará a ser aplicada el 14 de enero próximo.
Asimismo, extendió de 11 a 24 meses el plazo de autorización para permanencia en el exterior de los cubanos que mantienen residencia en la isla, pero viajan por asuntos privados. También se elimina la carta de invitación requerida en esos casos, aunque se advirtió que el gobierno “mantendrá las medidas para preservar el capital humano creado por la revolución, frente al robo de talentos que aplican los poderosos”.
Antes de estas modificaciones, los cubanos que viajaban por razones de estudio o trabajo pagaban en los consulados 50 dólares mensuales por una especie de permiso de regreso y si no lo hacían, a los 11 meses y un día eran considerados “desertores” y perdían sus derechos, al punto de no ser autorizados a volver a radicar en su país de nacimiento. Lo informado el martes no aclara si la extensión a dos años del permiso de estancia en el exterior elimina los pagos mensuales.
Aun así, analistas consideran que estos cambios, anunciados desde hace tres años, “son los de mayor impacto social en Cuba en lo que va del año”.
Solo por concepto de permiso de salida y cartas de invitación, los cubanos pagan el equivalente a 350 dólares, más de 10 veces el salario medio mensual. A ello se suman costos de pasaje y de visas, entre otros gastos.
Entre las excepciones para viajar que publica la Gaceta Oficial figuran “razones de defensa y seguridad nacional”, por lo que se ignora si con la nueva regulación se favorecerá a los opositores.
En 2003, el recientemente fallecido líder de la disidencia Oswaldo Payá viajó con permiso del gobierno a Estados Unidos y se reunió con representantes del Departamento de Estado. La bloguera opositora Yoani Sánchez nunca ha sido autorizada a hacerlo, luego de residir en Europa y regresar a la isla, lo cual le fue permitido pese a las disposiciones todavía vigentes.
“La actualización de la política migratoria tiene en cuenta el derecho del Estado revolucionario de defenderse de los planes injerencistas y subversivos del gobierno norteamericano y sus aliados”, puntualiza el anuncio.
Las autoridades dijeron asimismo “que paulatinamente se adoptarán otras medidas” en el tema migratorio, para “consolidar los prolongados esfuerzos de la revolución en aras de normalizar plenamente las relaciones de Cuba con su emigración”.
El envío de divisas por los emigrados, sobre todo desde Estados Unidos, es una de las principales fuentes de ingreso de la isla, y entre ellos hay interés en participar con inversiones en los cambios que promueve el presidente Raúl Castro, entre otros en el sector inmobiliario.
Claves
Temen “Mariel legal”
”Esto es un Mariel legal y lento, pero será otro Mariel”, opinó el profesor Jaime Suchlicki, director del Instituto de Estudios Cubanos y Cubano-Americanos de la Universidad de Miami ante la reforma anunciada en Cuba.
Suchlicki comparó la nueva Ley de Inmigración con el éxodo de 125 mil cubanos, entre ellos ex convictos, del puerto de Mariel a EU en abril-octubre de 1980 a instancias de Fidel Castro.
El éxodo causó una crisis de inmigración que llevó al presidente James Carter a decretar medidas contra todos aquellos que transportaran inmigrantes.
