La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos inició hoy tres días de históricos alegatos sobre los que se determinará el futuro de la Ley de Salud Asequible, el mayor logro de política interna del presidente Barack Obama.
Los nueve magistrados deberán determinar primero si da curso a la queja de los 27 estados que alegan que la ley promulgada dos años atrás representa un abuso de poder de alcances inconstitucionales.
La inusual jornada de tres audiencias de dos horas cada una representa el clímax de la batalla política entre la Casa Blanca y los republicanos, quienes han buscado sin éxito su derogación en el Congreso.
La polarización que el debate ha generado quedó evidenciada en las cientos de personas que se congregaron frente a las escalinatas del adusto edificio que alberga la Corte para manifestar sus puntos de vista.
«No me nieguen seguro de salud. Protejan la ley» se leía un cartel de los simpatizantes de la legislación, confrontado por otro con la leyenda «Obamacara -como la llaman los críticos – declara la guerra a la religión» .
Algunas personas se congregaron en el edificio desde el viernes pasado con la esperanza de alcanzar un asiento dentro de la corte y ser testigo de una audiencia calificada como histórica.
La principal objeción de los opositores se refiere a la obligatoriedad que establece la ley para que todo estadunidense cuente con seguro de salud para 2014, so pena de enfrentar el pago de una multa.
Otro aspecto contencioso es la obligación de los estados para ampliar el acceso de las personas de escasos recursos, que no puedan comprar seguro privado, al programa de cobertura médica popular o Medicaid.
Aquellos estados que no cumplan con ello perderán la asistencia que reciben del gobierno federal para este propósito.
La audiencia de este martes se enfila a convertirse en la mayor atracción de estos alegatos por ser cuando los magistrados se ocupen del tema de la constitucionalidad del mandato sobre el seguro médico.
El miércoles la Corte escuchará alegatos sobre la demanda de los opositores para declarar inválida toda la ley o mantener aquellas provisiones declaradas constitucionales.
