El electricista Manuel Fernández Castiñeiras, presunto autor del
robo del Códice Calixtino en la catedral española de Santiago de
Compostela, se ha limitado a decir tras su arresto que no recuerda lo
sucedido, mientras que la Policía considera que lo hizo por venganza.
Así lo indicó hoy el comisario jefe de la unidad de delincuencia
especializada y violenta de la Policía, Serafín Castro, en una
conferencia de prensa en Madrid, en la que precisó que la sustracción
del manuscrito del siglo XII hace hoy un año por parte del electricista
de la catedral gallega (noroeste) obedece «probablemente» a una reacción
por haber sido despedido.
Fernández Castiñeiras reclamaba a la Iglesia católica una indemnización de 40 mil euros (casi 50 mil dólares).
Según Castro, el hombre, detenido el martes, se ha limitado a decir
en el interrogatorio: «No lo sé, no me acuerdo», después de que ayer se
recuperase en un garaje de su propiedad el histórico documento envuelto
en periódicos en el interior de la última bolsa de plástico registrada.
Fernández Castiñeiras, su esposa y el hijo de ambos permanecen
detenidos y está previsto que comparezcan mañana ante las autoridades
judiciales para aclarar lo sucedido.
La Policía no ha podido determinar el origen de los 1.2 millones de
euros (1.4 millones de dólares) que escondía el detenido en varias
viviendas, además de 30 mil dólares en billetes pequeños e incluso
viejas pesetas, aunque tampoco se descarta que este monto procediera de
pequeños robos cometidos en la propia seo.
Lo que no parece probable es que el arrestado tuviera contacto con
traficantes de obras de arte para intentar vender la pieza, según la
Policía.
Los investigadores creen que el robo se produjo exactamente hace un
año, ya que en las cámaras de seguridad puede verse al detenido salir de
la catedral compostelana con una chaqueta algo más larga de lo normal y
con la apariencia de que oculta algo bajo la prenda.
El detenido llevaba una vida monótona y de costumbres extrañas, y
asistía a misa cada mañana a la catedral de Santiago, medio escondido en
una de las capillas, según relató el responsable policial.
Además del dinero y de los facsímiles del Códice y del Libro de las
Horas, encontrados en su poder, en los últimos años había adquirido
varias viviendas en efectivo con fondos de procedencia incierta.
El sindicato policial SUP cuestionó hoy, sin embargo, la «tardanza»
en la detención del sospechoso del robo, ya que «pocos días después de
la desaparición hubo un informe interno fundamentado con datos por parte
de un funcionario» que apuntaba al electricista.
El Códice Calixtino no será exhibido hasta dentro de unos días, hasta
completar la investigación, pese a que el arzobispo de Compostela,
Julián Barrio, había anunciado su intención de que mañana esta joya se
expusiese al público.
Pero el comisario jefe de la unidad de delincuencia especializada y
violenta de la Policía indicó que el libro será entregado a la Iglesia
compostelana «en breve», pero, en todo caso, después de que concluyan
las diligencias y que para eso necesitan «más tiempo».
Un documento medieval que en ningún caso se puede atribuir a Calixto
II, según explicó a Efe el catedrático de Historia Medieval de la
Universidad de Santiago de Compostela Fernando López Alsina, quien
precisó que fue papa entre 1119 hasta su muerte en 1124 y que «hay
evidencias internas» de que fue escrito entre 1135 y 1138.
Y mientras, la asociación para la protección del patrimonio histórico
Protecturi reclamó que se depuren responsabilidades sobre la supuesta
«impericia o negligencia» en la custodia del libro.
Una custodia que se puso en entredicho desde el momento del robo, el 5 de julio de 2011, y de la que hoy también se habló mucho.
Al respecto, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez
Feijóo, planteó al arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio,
su disposición a colaborar en la mejora de la custodia de los elementos
patrimoniales que se encuentran en la catedral.
Nuñez Feijóo dejó hoy claro que se trata de un patrimonio
eclesiástico y que le corresponde a la iglesia «adoptar las decisiones
finales, como propietario legítimo de los bienes», pero manifestó la
disposición del Gobierno gallego a ayudar en lo posible una vez que les
comuniquen «cuáles son las prioridades y cuál es el plan de seguridad de
la catedral».
