La Procuraduría General de la República (PGR), junto con otras dependencias federales y gobiernos estatales, creó un grupo interinstitucional para salvaguardar a las mineras que extraen oro, plata y otros materiales del acoso del crimen organizado, informaron funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
A la fecha, la PGR ha iniciado 12 averiguaciones previas y consignado dos por el delito de extorsión contra 300 mineras del país, ya que las organizaciones criminales, principalmente Los Zetas, pretenden cobrar de 150 mil hasta 500 mil pesos mensuales por derecho de piso, bajo la amenaza que de no pagar, trabajadores y empresarios mineros serían víctimas de ataques.
La consignación de esas dos averiguaciones previas ante un juez federal se derivó, según la PGR, tras encontrar pruebas suficientes de que los grupos delictivos están llevando a cabo esas extorsiones, por lo que fue solicitada la aprehensión de diversas personas.
La dependencia federal precisa que de acuerdo con las denuncias presentadas por los representantes legales de las mineras, las organizaciones criminales que se han identificado tras los ilícitos son Los Zetas, el cártel del Golfo y Los Caballeros Templarios, que piden el pago de cuotas mensuales para brindarles seguridad, pero sobre todo para que puedan seguir funcionando al exigirles una cantidad económica por “derecho de piso”.
La extorsión hacia las empresas metalúrgicas es constante, agrega, ya que la amenaza no sólo es de forma directa hacia cada empresa, sino a los directivos o socios de manera personal.
De acuerdo con funcionarios de la SIEDO, los actos delictivos y extorsiones hacia la industria minera derivó en la creación de un grupo interinstitucional al considerarse el caso como de seguridad nacional.
Se pretende así proteger a la industria minera ante el acecho de los grupos del crimen organizado, cuyo interés también está en el dominio de los canales de distribución para aplicarlo en el trasiego de droga.
Este grupo interinstitucional está integrado por la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobernación y los gobiernos de Sinaloa, Durango, Sonora, Chihuahua, Michoacán y Guerrero, principalmente.
En tanto, la Cámara Minera de México, a través de su director general, Sergio Almazán Esqueda, afirmó que no tienen registro de que se esté llevando a cabo ningún ilícito de ese tipo.
Sin embargo, Almazán se negó a ser entrevistado por este diario para abundar al respecto.
No obstante, el informe anual 2011 de la Camimex precisa que “la industria minera, como el resto de los sectores productivos del país y los ciudadanos, se ha visto afectada por la creciente inseguridad provocada por la delincuencia organizada”.
En ese documento se agrega que “los trabajos de extracción, el traslado de los metales y en general las operaciones mineras, así como sus colaboradores y proveedores, han sufrido el incremento de las acciones delictivas provocadas por el crimen organizado que se extiende por todo el país”.
A su vez, en su sitio en internet la Asociación de Mineros de Sonora indica que la minería, después del petróleo, es la industria que más divisas capta para el país, por encima de las remesas y el turismo.
“Tan sólo el año pasado, en México, captamos 22 mil millones de dólares de divisas a través de las exportaciones de nuestros productos”, asegura.
De acuerdo con los datos de esa asociación, la industria minera genera 300 mil empleos directos y más de 1.5 millones de empleos indirectos, y actualmente existen en el país alrededor de mil 800 empresas mineras.
