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Castración química a violadores, pide el PRI

Las diputadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la
Legislatura del Estado de México propusieron reformar el Código Penal de
la entidad para aplicar “castración química” a los violadores.

En conferencia de prensa, aclararon que dicha sanción sería
“opcional”, ya que aunque también se propone elevar la pena de 10 a 30
años, que actualmente va de 5 a 15 años.

De acuerdo con el artículo 274 bis, el reo puede solicitar al juez
purgar la primera mitad de la pena de prisión y someterse a las penas de
castración química y tratamiento por el tiempo restante de la condena.

La “castración química” consiste en inyectar un fármaco elaborado a
base de hormonas sintéticas —como la depo provera—, que disminuye la
intensidad y frecuencia del deseo sexual, evita la erección y la
eyaculación.

Las legisladoras Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza, Elena Lino
Velázquez y Cristina Ruiz Sandoval coincidieron en que debe haber un
castigo ejemplar contra los delincuentes que cometen delitos sexuales.

Las diputadas pidieron considerar que en el país suman 450 mil
violaciones anuales, de las cuales 90 por ciento son cometidas por
varones.

“Con esta propuesta se pretende hacer una combinación de instrumentos
y mecanismos legales para responder con severidad a la exigencia de
reducir las violaciones y castigarlas con todo el peso de la ley.”

En otros países en los que se aplica esta sanción, los índices en
este delito reportan una disminución de 70 por ciento, tal es el caso de
Estados Unidos, Alemania, Canadá, Dinamarca, Australia, España y
Polonia.

Para avalar la propuesta, que después fue enviada a comisiones, se
proponen reformas al artículo 56, que se refiere a la finalidad de la
castración química, además de 273, que hace mención a la penalidad, que
será de 10 a 30 años.

El artículo 274 menciona que “el reo puede solicitar purgar la mitad
de la pena y someterse a castración química por el tiempo restante de la
condena”.

La bancada del PRI mexiquense cuenta con cinco diputadas, y tres
presentaron la propuesta, pues Flora Martha Angón Paz y María José
Alcalá Izquerra tienen licencia temporal.

Hace un año en el Estado de México se aprobaron reformas al Código
Penal donde se contempla imponer prisión vitalicia a quien cometa
feminicidio, homicidio calificado y violación.

En el artículo 149 se apunta que si el delito fuera cometido por
servidores públicos de las instituciones de seguridad pública o de
administración de justicia, la pena aumentará hasta en una mitad más de
la que le corresponda y el funcionario será destituido e inhabilitado
por un plazo igual a la pena privativa de libertad impuesta.

En el artículo 242, fracción dos, se establece que al responsable de
un homicidio calificado se le impondrán de 40 a 70 años de prisión
vitalicia y de 700 a cinco mil días de salario mínimo.

En tanto, el artículo 274, relacionado con la violación, fracción 4,
apunta que cuando por razón del delito de violación causare la muerte,
se impondrán de 40 a 70 años de prisión o prisión vitalicia y de 700 a
cinco mil días de salario mínimo.

Buscan actualizar padrón de usuarios de agua

Los Organismos Operadores de Agua en los municipios mexiquenses deberán crear o actualizar sus padrones de usuarios.

De acuerdo con un exhorto que envía el Congreso local, con esta
medida se busca que los organismos impulsen programas y acciones para
mejorar el servicio que prestan.

La Comisión de Legislación y Administración Municipal avaló exhortar a
los 125 ayuntamientos de la entidad para la creación, actualización y
manejo eficiente de los padrones de usuarios del servicio público de
agua potable, proyecto presentado por el diputado Eynar de los Cobos
Carmona.

El proyecto expone que, entre los problemas específicos que deben
atacar los gobiernos municipales, se encuentra dar mantenimiento a la
red de la infraestructura pública y resolver las deficiencias que se
presentan en su uso.

Por tal motivo, el congreso del estado considera pertinente la
creación y mantenimiento de un padrón de usuarios, debido a las pérdidas
económicas a los ayuntamientos.

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