La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene el registro de 24 mil 91 personas reportadas como extraviadas o no localizadas; de 46 mil 15 personas ejecutadas a lo largo de los últimos seis años; 15 mil 921 cadáveres sin identificar y mil 421 inhumaciones en fosas clandestinas, informó ayer su presidente, Raúl Plascencia, al Senado de la República.
Además, tiene el registro de 34 mil 385 quejas en contra de diversos servidores públicos de seguridad pública; 84% de ellos tan solo en los últimos tres años, referentes a cateos ilegales, desaparición forzada, detenciones arbitrarias, ejecuciones y tortura.
Ayer, durante una sesión de trabajo entre Raúl Plascencia y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, los legisladores escucharon el estado en que termina el sexenio de Calderón en materia de violaciones de derechos de los mexicanos como parte de la lucha contra el crimen.
Raúl Plascencia explicó que uno de los más graves problemas que se enfrentan es el alto nivel de impunidad que existe, y que es del 99%, lo cual se refleja en el hecho de que a lo largo de seis años han ingresado a los distintos reclusorios y centros de reclusión a nivel federal y estatal 26 mil personas; porque sólo un 1 por ciento de los casos investigados se logra la sentencia correspondiente.
Hizo ver que a pesar de que el país registraba un avance importante en la cultura del respeto a los derechos humanos en el ámbito de la investigación policiaca, durante este sexenio aumentó de manera exponencial el número de denuncias por tortura o tratos crueles y degradantes, que tan solo en el 2011 sumaron dos mil 40 quejas.
Raúl Plascencia pidió al Senado que apliquen la Constitución y antes de que se vaya, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal, comparezca ante los legisladores para que explique los casos de tortura y desaparición forzada de los que la Comisión le ha pedido cuentas.
Además, dijo, existen cinco mil 202 víctimas de feminicidios en 27 entidades de la República, por el fracaso de las políticas públicas y las instancia que se crearon para prevenir e investigar este lacerante fenómeno y el sistema penitenciario atraviesa una crisis severa que tiene entre sus principales causas la falta de una política pública integral y articulada.
Destacó que “la policía, para ser efectiva, debe ser la primera en respetar la ley y una corporación de seguridad pública que presenta recurrentes graves fallas es una corporación que no sólo no realiza el trabajo para el cual fue diseñada, sino que además alimenta y fomenta el crecimiento de los grupos criminales y se vuelve al final de cuentas, generadora de violencia”.
Angélica de la Peña, Pablo Escudero, Miguel Ángel Romo, Miguel Ángel Chico Herrera, Mariana Gómez del Campo y Layda Sansores expresaron su disposición para trabajar de la mano con la CNDH para revertir estas prácticas que sólo dañan la salud de la sociedad mexicana.
