En el documento de la CNDH se explica que tras una investigación se determinó que los actos de tortura en contra de Aburto se llevaron a cabo por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), del Ministerio Público y custodios desde su detención en marzo de 1994 y hasta las primeras diligencias así como su traslado al CEFERESO número 1.
Se acusó además sobre un acto de violación a sus derechos humanos e integridad personal, pues se ha mantenido incomunicado y alejado de su familia.
«Las nuevas consideraciones y hallazgos, advierten violaciones graves a derechos humanos, por ello, la CNDH establece que la FGR deberá realizar una investigación del caso que dio origen a la detención y sentencia de la víctima», detalla.
Abunda además que: «Estas nuevas diligencias dse deberán abordar sin prejuicio y con perspectiva pro homie, aportar como prueba la propia recomendación y considerar las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generadas en el pasado».
La CNDH enfatizó que la nueva investigación tiene como finalidad subsanar deficiencias y llegar al esclarecimiento de los hechos, que permita a la víctima acceder al derecho a la verdad de manera individual y colectiva de las reiteradas violaciones a los derechos humanos cometidas en su contra.
Por otro lado, la CNDH exhorta que en la nueva investigación las autoridades deberán responder por sus actos “no sólo a través de acciones de reconocimiento y reparación integral del daño, sino también mediante acciones y políticas de no repetición”.
Por lo anterior la CNDH recomendó al titular de la FGR, así como al comisionado de Prevención y Readaptación Social, «reparar» integralmente el daño al agraviado y a sus familiares en los términos de la Ley General de Víctimas.
