El contralor del estado, Iván López Fernández, dio a conocer un informe sobre la plena legalidad de la procedencia de los 25 millones de pesos decomisados por la PGR el 27 de enero a dos empleados de SEFIPLAN en el aeropuerto de Toluca.
En conferencia de prensa, reiteró el llamado a la Procuraduría General de la República para que devuelva al gobierno de Veracruz esos recursos, que salieron de la cuenta bancaria concentradora del Gobierno de Veracruz 65550072542-9 del Banco Santander.
En el mensaje que leyó el funcionario, acompañado por los titulares de Finanzas y Planeación, Tomás Ruiz, Comunicación Social, Gina Domínguez y Secretaría de Gobierno, Gerardo Buganza, López Fernández expresó que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) determinó la legalidad plena del origen de los recursos públicos estatales que aseguró la PGR.
Precisó que en concordancia con la prioridad de esta administración sobre el manejo claro y legal de las finanzas públicas, el ORFIS procedió a revisar la cuenta de referencia que es la única que se utiliza para disponibilidad en efectivo, aplicándose para el pago de nómina estatal y de algunos proveedores.
Justificó el pago en efectivo, señalando que en la cuenta auditada por el ORFIS, las disposiciones que corresponden a liquidaciones de proveedores, que por las características de sus prestaciones requieren de pagos directos, representan el 0.001 por ciento del presupuesto total de Veracruz, lo que significa que el 99.99 por ciento de las operaciones que se hacen con prestadores de servicios se realizan mediante transferencias electrónicas o cheques.
Insistió en que el uso de efectivo es un “esquema legal usado por los tres niveles de gobierno”, ejemplificando con los programas sociales federales como el de Oportunidades, que pagan de manera directa a los beneficiarios en diversas regiones de Veracruz y del país.
