El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas que obligan a concesionarios y permisionarios del servicio de telecomunicaciones geolocalizar en tiempo real los celulares utilizados para cometer ilícitos, además de inhibir el uso de esos equipos en los centros penitenciarios.
El dictamen señala que se impondrán penas de uno a cinco años de prisión y de mil a 10 mil días de salario mínimo de multa a la autoridad que utilice estos datos e información para fines distintos, y de 250 a 2 mil 500 días de multa a permisionarios y concesionarios que rehúsen a colaborar en las investigaciones.
El presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño (PRI), dijo en tribuna que se trata de inhibir el uso de teléfonos celulares desde el interior de los 429 centros penitenciarios del país. Señaló que cada día se realizan 6 mil llamadas de extorsión desde los reclusorios, aun cuando el uso de celulares está prohibido.
Aprovechó la oportunidad para responder al empresario Alejandro Martí, quien criticó la lentitud de la Cámara de Diputados para aprobar el dictamen. “Este asunto no tiene un año, tiene escasos cinco meses en que la Mesa Directiva lo turnó a las comisiones de Justica, de Comunicaciones y de Seguridad Publica”, señaló.
Con 315 votos a favor, seis en contra y siete abstenciones, los diputados avalaron crear mecanismos legales que obliguen a los empresarios de telecomunicaciones bloquear la señal de los teléfonos celulares reportados como robados o extraviados, a fin de evitar que sean utilizados para cometer delitos.
El dictamen reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los códigos Federal de Procedimientos Penales, y Penal Federal, así como las leyes Federal de Telecomunicaciones, la que establece Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, y General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además, ordena derogar el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut).
También se acordó que los concesionarios deben garantizar que los equipos de comunicación móvil cuenten con una combinación de teclas que al ser digitadas permitan a los clientes o usuarios enviar señales de auxilio. A su vez, los centros penitenciarios deberán anular las señales de telefonía móvil o radiocomunicación dentro de sus perímetros respectivos.
El documento, remitido al titular Ejecutivo federal para su publicación, precisa que las señales de auxilio serán enviadas de forma automática a un sistema nacional de atención de emergencias, a fin de garantizar la intervención oportuna de las autoridades federales, estatales y municipales.
Asimismo, refiere que los concesionarios están obligados a colaborar con el Sistema Nacional de Seguridad Pública en el monitoreo de la funcionalidad u operatividad de los equipos utilizados para el bloqueo permanente de las señales de telefonía celular, radiocomunicación o transmisión de datos o imagen.
El dictamen puntualiza que cada establecimiento penitenciario contará con equipos para bloquear o anular las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de dichos centros de readaptación social o establecimientos penitenciarios.
Esos equipos serán operados por autoridades distintas a las de los establecimientos penitenciarios en centros remotos.
