De acuerdo con el gobierno de la República los estados de
Guerrero, Veracruz y la Ciudad de México se ubican hoy en día como los lugares
de mayor riesgo para los periodistas, quienes son atacados fundamentalmente por
agentes del Estado e integrantes del crimen organizado.
Al rendir un informe sobre el mecanismo de protección
para las personas defensoras de los derechos humanos y los periodistas, el presidente
de México, Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de derechos humanos
de la secretaría de gobernación, Alejandro Encinas admitieron que es necesario
reforzar la herramienta, pues a está enfocada únicamente a reaccionar cuando la
agresión o amenaza ha sido perpetrada en agravio de los comunicadores o
defensores de los derechos humanos.
Además, de que pesar a que es el estado quien está
obligado a garantizar la protección de los periodistas y las personas
defensoras de los derechos humanos, es una empresa privada sin licencia para la
portación de armas la que lleva a cabo esta función con militares en retiro,
los que sí tienen la licencia para portarla.
«Quiénes son los que agreden? Sin duda, hay dos
grupos de agresores: la delincuencia, llamada organizada, los grupos delictivos
y representantes del Estado.
¿Qué garantizamos nosotros? Que el Estado no va a violar
derechos humanos, que ese es un cambio importante, nunca vamos a dar la orden
de reprimir a nadie. No es el ‘Mátalos en caliente’, de Porfirio Díaz o el
‘plata o plomo’ o el ‘encierro, entierro o destierro’. No. Esta es una
transformación, este es un cambio. Este no es un gobierno autoritario» destacó
el presidente de México en la conferencia matutina de palacio nacional.
De acuerdo con el análisis que actualmente se realiza al
mecanismo de protección, se buscará prevenir más que reaccionar a las amenazas
cometidas contra los periodistas, quienes en muchas ocasiones aun cuando gozan
de la protección, no accionan la tecnología que tienen a su alcance para
prevenir posibles agresiones o bien, no existe señal para la georreferenciación
que coadyuve a impedir un ataque.
«Como pueden ver, de los 792 botones, 209 de los
usuarios tienen apagado durante más de 150 días al año el botón; los 100 más lo
tienen apagado entre 61 y 150 días del año. Y si bien un número importante,
230, lo tienen activo prácticamente de manera permanente, es de manera muy desigual
su uso. Esto nosotros los entendemos como parte de la falta de confianza en la
autoridad. ¿Cuál es el argumento que muchos de ellos nos han dado respecto a
que por qué no utilizan o mantienen de manera permanente y sistemática prendido
el botón de seguridad? Es que dicen que no quieren que la autoridad sepa donde
se encuentra.» destacó el funcionario de la secretaria de gobernación.
El informe puntualizó que en la actualidad el mecanismo
de protección se otorga a 790 personas, 498 de las cuales son defensoras de los
derechos humanos y 292 periodistas.
Encinas Rodríguez detalló que las víctimas se concentran
particularmente a lo largo de diez entidades del país, como la Ciudad de
México, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Tamaulipas, Coahuila,
Chiahuahua y Quintana Roo.
«¿Qué pasó en la Ciudad de México? Creo que aquí se
conjugan dos fenómenos. Evidentemente hay que asumir que el gobierno anterior
hubo un debilitamiento de las tareas de seguridad y también de protección a los
periodistas defensor de los derechos humanos. En segundo lugar, que fue un polo
de atracción para la reubicación de muchas de las personas dentro del
Mecanismo, por es también es tan alta la concentración de personas sujetas al
Mecanismo de la Ciudad de México, porque son la gente que lamentablemente tuvo
que emigrar de su lugar de origen hacia la ciudad, que es lo que también detona
este incremento» explicó el subsecretario de gobernación.
Entre las medidas para optimizar el mecanismo de
protección, se informó que se lleva a cabo por parte de la Auditoría Superior
de la Federación una revisión al fideicomiso que hace posible el funcionamiento
de la herramienta de protección.
Además de que la oficina de la alta comisionada de la ONU
en derechos humanos también despliega una evaluación de los resultados
obtenidos.
En pararalelo, Encinas Rodríguez destacó que el gobierno
federal también examina cuál ha sido la actuación de la junta de gobierno de
este mecanismo para saber su desempeño y resultados.
Dicha evaluación, dijo, estará lista en abril próximo.
También se buscará que los dueños de los medios de
comunicación se involucren más en estos casos, cuando alguno de sus
trabajadores pueda resultar agraviado con esta clase de amenazas, reciban el
respaldo y no sean estigmatizados.
