México.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) la
implementación de los mecanismos necesarios para que se asegure el derecho al
voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva para los comicios
presidenciales de 2024.
El recurso presentado por Guadalupe Gómez Hernández y
Marcos Ruiz López, indígenas tzotziles que se encuentran recluidos en el Cereso
El Ámate, en Cintalapa, Chiapas, fue resuelto a su favor por la Sala Superior.
Tras una votación dividida, en la que 4 magistrados
avalaron la resolución –Janine Otálora, José Luis Vargas, Mónica Soto y Felipe
de la Mata– y tres votaron en contra –Felipe Fuentes Barrera, Reyes Rodríguez e
Indalfer Infante–, el pleno determinó que se debe reconocer el derecho al voto
de las personas recluidas que no han sido sentenciadas.
“Ante el reconocimiento del derecho activo de las
personas en prisión preventiva, se propone que el INE implemente una primera
etapa de prueba antes del año 2024”.
Felipe de la Mata Pizaña, magistrado ponente, explicó que
en adelante corresponde al INE decidir si el ejercicio al derecho al voto será
aplicado únicamente para la elección presidencial o también para comicios de
otros niveles.
La resolución aprobada destaca que el INE tiene la
capacidad de definir los mecanismos de voto, pues señala que podría ser a
través de correspondencia.
“Ante el reconocimiento del derecho al voto activo de las
personas en prisión preventiva, se propone que de manera paulatina y progresiva
el INE implemente una primera etapa de prueba antes de las elecciones de 2024,
para garantizar ese derecho de las personas en esta circunstancia y reclusión”.
Por su parte el magistrado José Luis Vargas dijo que de
acuerdo con cifras oficiales, 39 por ciento de la población carcelaria no
cuenta con sentencia, por lo que se encuentran en lo que denominó como un
“limbo jurídico”.
Debido a dicha situación, el funcionario afirmó que “no
puede restringirse el derecho al voto a personas sujetas a proceso penal que no
cuenten con sentencia inculpatoria firme”.
Con información de El Financiero
