Las profesoras y las trabajadoras de la educación son las que más denuncian la violencia de género al interior del gobierno federal.
De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de la Función Pública (SFP), una de cada tres denuncias por acoso y abuso sexual contra mujeres en dependencias federales provienen de servidoras públicas de instituciones educativas.
Sus agresores son directores, prefectos, docentes y auxiliares administrativos.
El 17 de febrero de 2020 entró en vigor el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en el Gobierno de México, un documento elaborado por la SFP, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Gobernación, en el que se establecen “procedimientos uniformes para disuadir y castigar el hostigamiento y el acoso sexuales” en el gobierno federal.
A partir de esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 2021, la SFP recibió 2 mil 125 quejas y denuncias por casos de abuso y hostigamiento sexual cometidos en diferentes dependencias del gobierno federal.
El 31.62 por ciento de esas quejas y denuncias, es decir, 679 casos, se concentran en 25 instituciones del sector educativo, mientras que el 23.67 por ciento, es decir 503, en institutos y hospitales del sector salud y el resto, en otras dependencias.
Sin embargo, sólo hay registro de 52 sanciones, es decir, del 2.4 por ciento de los casos denunciados, de acuerdo con la respuesta entregada a una solicitud de transparencia formulada por MILENIO.
De esas 52 sanciones, sólo seis corresponden a instituciones del sector educativo, en donde se han aplicado castigos menores, incluida una “amonestación”.
Las instituciones educativas que más quejas y denuncias ante la SFP concentran son la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCDMX), la cual suma 225, seguida del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en donde se presentaron al menos 176 quejas y denuncias y la Secretaría de Educación Pública (SEP), en donde hay registro de al menos 135.
Después están el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), con 47 casos denunciados y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, la Coordinación de Becas Benito Juárez y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con 12 casos cada uno.
El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) suman seis casos cada uno.
Diferentes vías, diferente información
Las estadísticas de denuncias por abuso y hostigamiento sexual contra las mujeres al interior del gobierno federal provienen de tres áreas distintas de la SFP y cada una proporciona detalles distintos respecto de los expedientes iniciados contra los agresores sexuales.
Estas son la Dirección General de Denuncias e Investigaciones (DGDI), que reportó 993 denuncias; la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC), que informó 712 acusaciones y la Unidad de Ética Pública y Prevención de Conflictos de Interés (UEPPCI), que reportó 331 quejas.
La Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC) fue el área que proporcionó la información respecto de las 52 sanciones que se han aplicado en contra de los acosadores de mujeres al interior del gobierno federal; las otras dos instancias omitieron precisar si las denuncias que recibieron derivaron en sanción.
Sin sanción o al archivo
La Dirección General de Denuncias e Investigación informó tener 993 denuncias, provenientes de diferentes dependencias federales, pero no reportó sanciones.
No obstante, sí detalló que 762 denuncias siguen en investigación, 171 fueron archivadas por falta de elementos, 40 se turnaron al Área de Responsabilidades para proceder a sancionar y en 20 se declararon incompetentes para darles atención.
El 41.69 por ciento de las denuncias presentadas ante esa Dirección General, 414 provienen de instituciones educativas: 167 corresponden al IPN, 99 a la AEFCDMX, 80 a la SEP y 21 al INBAL, principalmente.
De las 167 denuncias del IPN, 47 fueron archivadas, sólo cinco se fueron al Área de Responsabilidades y el resto, siguen en investigación.
En tanto, de las 99 denuncias de la AEFCMDX, dos ya fueron archivadas, sólo una se ha turnado al Área de Responsabilidades, en una se declaró la incompetencia y las demás, siguen en investigación.
Mientras que, de las 80 denuncias de la SEP, ninguna se ha turnado al Área de Responsabilidades, dos se archivaron, en tres se declaró la incompetencia y 75 siguen en investigación.
Seis sanciones en el sector educativo
De las 712 denuncias presentadas en la Coordinación de Órganos de Vigilancia entre 2020 y 2021, 235 (el 33 por ciento) corresponden al sector educativo: 122 son de la AEFCDMX, 48 de la SEP, 23 del INBAL y ocho del IPN.
De las 52 sanciones aplicadas en total, sólo seis corresponden a instituciones del sector educativo: dos en la AEFCDMX, en donde se suspendió a una persona y se inhabilitó a otra; tres en el INBAL, donde se dictaron inhabilitaciones y una en el CIDE; donde se emitió una amonestación; en la SEP no se ha sancionado ningún caso.
No castigos, sí “pronunciamientos”
Por su parte, de las 331 quejas por acoso y hostigamiento sexual que recibió la Unidad de Ética Pública, 30 (el 10 por ciento) corresponden a dependencias del sector educativo; la mayoría en la SEP, que sumó 7.
Sin embargo, la Unidad no precisó cuántas de esas quejas fueron castigadas y argumentó que el Registro de Servidores Públicos Sancionados “no cuenta con el grado de especificidad para precisar si las sanciones impuestas a personas servidoras públicas están relacionadas con actos de hostigamiento y acoso sexuales”.
En noviembre pasado, la SFP difundió un informe estadístico de las denuncias recibidas durante 2020 a través de los comités de la Unidad de Ética Pública, en el que se detalló que en vez de sanciones, se emitieron “pronunciamientos” en el 45 por ciento de los casos, que 33 por ciento seguían en trámite y que en el 1 por ciento de las denuncias, el Comité “no encontró elementos” para emitir una observación.
Milenio
