México.- El crimen organizado afecta la forma en que se
desarrolla la actividad científica en México.
Los enfrentamientos entre los cárteles y las fuerzas de
seguridad del Estado han obligado a los científicos a abandonar el trabajo de
campo, a interrumpir experimentos e incluso a modificar sus áreas de
investigación.
De acuerdo con el subdirector de Coordinación de
Comunicación en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), David
Ledesma, no existe documentación sistemática sobre los efectos del crimen
organizado en la comunidad de investigación mexicana.
Sin embargo, para Arnulfo Blanco García, un ecologista de
restauración de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia,
los científicos están siendo testigos de los efectos de algo que está
transformando profundamente al resto del país.
La semana pasada se informó sobre la suspensión de las
actividades en el Telescopio Milimétrico de Puebla debido a la operación de
grupos criminales en los alrededores del volcán Sierra Negra que se vinculan al
robo de combustible por la cercanía de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El reportaje publicado por la revista Nature y escrito
por Emiliano Rodríguez Mega compila los testimonios de varios investigadores
mexicanos a lo largo de la república, entre ellos el de Blanco, quien asegura
que colaboradores en la región de Tierra Caliente han recibido amenazas de
muerte por parte de grupos criminales locales quienes exigen que los
investigadores dejen de monitorear a la población de Guacamayo militar, una
especie en peligro, debido a que atraen a curiosos a la zona.
Los colaboradores internacionales también se han visto
afectados por la violencia derivada del narcotráfico, fue el caso de Bryan Fry
un investigador de venenos de la Universidad de Queensland en Australia quien
visitó una cueva cerca de Cuernavaca para estudiar a los murciélagos vampiros,
cuyo veneno podría tener aplicaciones médicas, sin embargo, debido al clima de
violencia optó por reubicar su investigación en Costa Rica.
Mariela Fuentes Ponce, una agrónoma de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) que colaboraba con comunidades indígenas en el
suroeste de Guerrero para mejorar las prácticas de siembra, abandonó su
proyecto sin publicar los resultados dado que toda su investigación se perdió
luego de que soldados acusaran a un colega de tráfico de drogas en 2016.
Pese al anuncio de la nueva administración dirigida por
Andrés Manuel López Obrador, quien aseveró que la guerra contra el narcotráfico
había llegado a su fin, los investigadores se mantienen escépticos y en espera
de que las autoridades les ayuden a continuar con el desempeño de sus labores
científicas.
