“Si bien todos los partidos políticos y sus candidatos compraron o
coaccionaron el voto en las elecciones del domingo pasado, nadie puede
ni debe deslegitimar la determinación de los electores al emitir su
sufragio. (…) Las fallas encontradas no ameritan la anulación de los
comicios”, afirmaron portavoces de casi mil 200 observadores
electorales.
Enrique Vega Castillo, vocero de cinco entidades patrocinadas por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), que les dieron en conjunto
más de cinco millones de pesos para cumplir esta labor, sostuvo que
“ningún grupo, persona o partido político tiene el derecho a
deslegitimar la decisión de millones de personas que tomaron a través
del máximo poder del ciudadano, el voto”.
Consideraron que los hoy ex candidatos tienen que asumir los resultados
comiciales, respetar las instituciones en materia electoral sin incitar a
sus simpatizantes a violar el Estado de derecho.
El también responsable de la Fundación Movimiento por la Certidumbre
consideró necesario que los aspirantes “conserven la calma y privilegien
la tolerancia” y exhortó “a todas las partes a que asuman los
resultados electorales, ya que estos son el reflejo del poder de la
elección de los ciudadanos quienes ejercieron su voto y su derecho en
las urnas”.
En conferencia de prensa, estos profesionales de la observación
electoral (llevan en promedio 15 años haciéndola), recordaron que
conforme la normatividad vigente, la presunta compra o coacción de votos
sólo merece una sanción administrativa, pero no amerita anular el
proceso completo.
Eugenia Diez Hidalgo, quien preside la Comisión Mexicana de Derechos
Humanos, insistió en que “el que se haga compra y coacción del voto no
es causal de nulidad… No está en la ley, (en todo caso) depende del
tamaño, y el Tribunal (electoral) tendrá que analizarlo”, recalcó.
Acompañaron a estos dos especialistas los responsables de la Fundación
para el Desarrollo Social y la Promoción Humana, de Ecociudadanía del
Futuro, de la Asociación Nacional Cívica Femenina, quienes demandaron a
los ex candidatos, partidos políticos y grupos sociales a no salirse del
marco del derecho y evitar a toda costa la confrontación violenta en la
ciudadanía.
Enrique Vega añadió que las instituciones electorales no deben ser
objeto de presiones de ningún grupo y sobre la compra o coacción del
voto opinó que “son prácticas que se hacen en todas las elecciones y por
todos los partidos. Son incidencias que consideramos menores, y que de
ninguna manera consideramos que pueden cambiar la elección”.
Eugenia Diez recordó “lo mucho que ha costado a varias generaciones de
mexicanos la construcción de instituciones como el IFE, el Tribunal
Electoral y la Fepade”.
Insistió en que los quejosos tienen todo el derecho y la legitimidad de
expresar en la calle o ante las instancias pertinentes su rechazo a los
resultados del proceso electoral, pero pidió que no se incite al
enfrentamiento, la denostación o la violencia.
