Por separado, las dirigencias de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática presentaron ayer dos acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que forman parte del llamado plan B del Ejecutivo, en materia electoral.
El líder del blanquiazul, Marko Cortés, destacó que la nueva conformación de la Corte, a partir de la elección de la ministra Norma Piña como presidenta significa un signo de independencia y de estricto respecto a la Carta Magna.
Desde las escalinatas del máximo tribunal y acompañado de su comité ejecutivo, legisladores federales como Santiago Creel, presidente de San Lázaro y alcaldes, el panista adelantó que ésta fue la primera de varias acciones de inconstitucionalidad y controversias que habrán de presentarse, ahora en el caso del partido, después por parte de la presidencia de la Cámara de Diputados y legisladores del Senado, además de los alcaldes que se ven afectados por la reforma electoral.
